Adaro volvió a cargar por la designación de conjueces del Sur. La oposición cree que se privilegió el "servicio de justicia" y acusó al Ejecutivo de actuar con imprudencia.
Mario Adaro, ministro de Gobierno continuó sus cuestionamientos al accionar de Alejandro Pérez Hualde presidente del máximo tribunal mendocino.
El funcionario puso en duda el mecanismo que empleó la Corte para cubrir vacantes en varios juzgados "es un procedimiento irregular", sostuvo y en el caso de que se trate de una excepción plenamente justificada espera que "no se torne algo común. Que no se genere involución", solicitó.
Desde la oposición le pusieron paños fríos a la situación y sin avalar plenamente el sistema utilizado por el Tribunal para los nombramientos, a primera vista respaldan la decisión ya que "se privilegia la prestación del servicio de justicia, algo que viene reclamando constantemente la gente", dijo Raúl Vicchi, abogado y diputado radical.
Sin entrar en detalles técnicos, el senador y presidente de la UCR César Biffi consideró que "el gobierno intenta resolverlo con falta de prudencia (al problema) y una situación de esta manera requiere de un gobierno sereno, no mediático", opinó.
En tanto Juan Carlos Jaliff del Confe, añadió: "la Corte tiene que asegurarse el servicio de justicia y si el gobierno considera que hay irregularidades graves que accione los mecanismos que tiene y haga juicio político, no andar mandando una nota", expresó.
El diputado cobista y también abogado, Luis Petri consideró que "a priori le doy la derecha a la Corte" y luego añadió: "las acusaciones del Gobierno son graves y repercuten negativamente en la independencia del Poder Judicial".
En tanto fuentes judiciales consultadas por Los Andes aseguraron que "la Corte designó personas idóneas para cubrir una carencia y es política de la Corte priorizar que los jueces vivan en el lugar donde deben cumplir funciones" y en muchos casos "es difícil de sortear esa condición".
"A Malargüe no quiere ir ni un esquiador", comentaron.
El nuevo conflicto, se desató el viernes último a partir de una nota remitida al titular del Poder Judicial por el ministro de Gobierno.
En ella el funcionario mostró "la preocupación" por tres situaciones en particular: la conjuez del Segundo Juzgado de Ejecución Penal número 2 ubicado en el Penal de Almafuerte, Silvina Culós; de la conjueza del Juzgado de Familia de Malargüe, María Páramo (subdirectora de Recursos Humanos del Poder Judicial); y de Armando Farina, hoy secretario-conjuez a cargo del Juzgado Penal de Menores de General Alvear, vacante desde 2008.
En los tres casos, el Ejecutivo cuestionó que los designados no hayan figurado como postulantes ni aspirantes con examen aprobado en el Consejo de la Magistratura, tal como exige la acordada 21.074 de la propia Corte.
"No está claro si se hizo (convocatoria) o no", remarcó Adaro. "Sí se realizó consulta", contradijo una fuente del palacio tribunalicio. "Además son temporarios", acotaron
En cuanto al caso de Malargüe "la jueza que estaba se jubiló recientemente y el trámite formal está en curso, pero mientras tanto hay que solucionar el problema y además se hicieron consultas entre los interesados. Y en la cárcel de Almafuerte no da el tiempo material, se tardaría tanto o más que esperar que la magistrada de licencia se recupere, y había que subsanar el inconveniente por las personas que están en el penal", explicaron.
Otro de los puntos en que el Ejecutivo hizo foco para pegarle a Pérez Hualde fueron las supuestas bajas calificaciones de otros dos interinos: Nelson Asens, conjuez de la Cámara del Trabajo de San Rafael, y Mauricio Romano como fiscal correccional de General Alvear.
"El puntaje (de Asens) es según desde donde se lo mire. Era el más alto que se presentó de San Rafael y el único de ese departamento". En cuanto al fiscal, "se respetó la decisión del procurador", dijo la misma fuente judicial.
Comentá la nota