Conformó la nueva empresa Aysam y nombró a cinco de sus siete directores. Pero a la vez se cuidó de no romper con la oposición y anunció que seguirá negociando con el Frente Cívico y el PD la atención de la emergencia financiera y el plan maestro de inversiones.
Lo hizo ayer a través del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien confirmó que la semana entrante quedará conformada Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam) mediante una primera etapa de una existencia sólo administrativa, con un directorio formal de cinco miembros (sobre un total de siete) y un estatuto transitorio.
Esta transición durará dos meses y en ella el gobierno espera avanzar con la oposición en el trazo final de los estatutos y la integración total del directorio (sumando un representante del radicalismo y otro del PD). Todo apunta a que Aysam se haga cargo de la operación del sistema el próximo 28 de setiembre.
El día anterior, habrá finalizado la intervención dispuesta por el Ejecutivo que -hasta entonces- se moverá entre ajustes internos que no tocarán sueldos ni servicio y envíos de fondos desde el Ejecutivo por decretos ad referéndum de la Legislatura que en el oficialismo suponen que serán aprobados.
El escenario político de la provincia de Mendoza muestra una oposición que parece alejarse progresivamente como aliada circunstancial del Gobierno en la aprobación de temas legislativos: en el justicialismo se comenzó a mover una heterogénea fuerza disidente y opositora a Jaque que exhibe el cargo del vicegobernador Cristian Racconto; en el Partido Demócrata -hasta hace poco un socio coyuntural del PJ en temas puntuales- parecen tomar fuerzas las líneas que propician acercamientos al peronismo no kirchnerista y en el Frente Cívico -con quien se alcanzaban eventuales coincidencias en temas estructurales- todo apunta a una resolución este fin de semana con una confluencia entre radicales y cobistas que prescinde de toda "pata peronista".
Frente al crecimiento de fuerzas opositoras al Gobierno en los tres partidos políticos, el difícil año electoral que se avecina, la dura emergencia de servicios que deberá enfrentar Aysam durante el próximo verano y lo que aparece como una casi inevitable decisión de subir tarifas, Jaque prefirió dejar del lado de la oposición toda posibilidad de una eventual ruptura de relaciones que él decidió evitar en las últimas horas, luego de haber amagado con un anuncio de "medidas drásticas".
"Por encargo del Gobernador, me he comunicado con los presidentes de los partidos políticos para retomar el diálogo sobre este tema y el lunes a las 11 nos vamos a reunir en la Gobernación con ellos, con el equipo del EPAS, la intervención y el presidente de la nueva empresa, para seguir trabajando en los temas estructurales. Agradezco la disposición de la oposición para volver a retomar el diálogo político", manifestó Cazabán.
"Siempre estamos dispuestos a buscar consensos sobre todo en un tema crucial y clave como es OSM, que tiene que ver con la calidad de vida de la población", respondió inmediatamente el presidente de la UCR, Cesar Biffi. Y consideró que "romper el acuerdo (sobre OSM) era un infantilismo" ante un "obstáculo menor como la asignación pretendida por ley de los diez millones de pesos que el Ejecutivo podría resolver de otro modo".
Tras evaluar sus márgenes de acción, el Gobierno decidió avanzar por su cuenta pero sin dejar de invitar a la oposición. De hecho, al constituir Aysam se quedó con la mayoría del directorio al designar por decreto a cinco funcionarios entre los siete miembros del órgano de conducción, redactó el borrador de la nueva empresa estatal que será la base del definitivo y -a través de su bloque en la Legislatura- dejó constituida una comisión investigadora de las responsabilidades políticas de la situación en OSM que abarca a cuatro gobernadores y apunta especialmente al período de Julio Cobos.
El presidente de la nueva empresa es Rolando Baldasso (hoy director de Hidráulica) y estará acompañado por Luciano Bistué, actual asesor jurídico de la Gobernación; Marcelo Chamorro, secretario privado del Gobernador; José Luis Puliafitto, auditor de la actual intervención, y Daniel Canone, secretario general del sindicato de los trabajadores de Obras Sanitarias.

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