El Senado votará 20 pliegos en dos semanas. Así el actual Gobernador habrá nombrado casi uno de cada tres magistrados provinciales.
Con estos dos trámites, el actual gobernador cierra su mandato récord en nombramientos en el Poder Judicial.
Jaque nombró alrededor del 30% de la planta de magistrados. Esto se produjo en parte por la cantidad de jubilaciones de magistrados que se produjeron en los últimos años, a partir del acuerdo que firmó Jaque por el 82% móvil, y en parte por reformas en la Justicia, como por ejemplo, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y el fuero de Familia.
Lo llamativo de la tanda de mañana es que dos de los candidatos ya intentaron ingresar y fueron rechazados por el Senado el año pasado y ambos son señalados como cercanos al secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán. Se trata de Dardo Fernández y María Virginia Rumbo.
El trámite para nombrar a un profesional en la Justicia lleva largo tiempo. Primero, los aspirantes deben pasar el examen del Consejo de la Magistratura.
A medida que se producen vacantes, este organismo remite al Poder Ejecutivo las ternas mejor posicionadas para el cargo vacío y es este poder el que selecciona a uno de esa terna y lo remite al Senado, dónde se analizan los pliegos, se reciben las adhesiones y rechazos por escrito.
Luego los de la Cámara Alta organizan una audiencia pública en la que se convocan amigos y allegados para dar el último empujón a la candidatura.
Con esta instancia se cierran las pesquisas y se pasa a la sesión secreta en la que los legisladores votan con bolillas blancas o negras la aprobación o el rechazo.
En esto están los miembros de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Por un lado, tienen una tanda de 11 aspirantes que deberán afrontar la audiencia pública el miércoles próximo. La mayoría son jueces de paz.
Esta última tanda de magistrados debería ser votada el martes de la semana que viene, pero hay un pequeño inconveniente: ese mismo día asumen los senadores votados en las elecciones de octubre.
Se especula con que se hará la sesión secreta el 22 de noviembre a primera hora y cerca del mediodía se hará la asunción formal de nuevos integrantes de la Cámara Alta.
Pero antes de esta audiencia pública, les toca la instancia de la sesión secreta de acuerdos, en la que se le pone el moño al proceso de selección y nombramiento de magistrados. Mañana es el día y la sesión tiene como atractivo el tratamiento de dos aspirantes ya conocidos por los legisladores.
Uno de ellos es Dardo Fernández, el ex director del penal de San Rafael que quiere ser camarista laboral por segunda vez. La otra es María Virginia Rumbo, quien busca una nueva oportunidad para ser fiscal de instrucción, quien ya tiene un cargo en la estructura judicial y fue la que ordenó el allanamiento a las oficinas de Eduardo Martearena, el entonces fiscal de Delitos Complejos que investigaba el caso Cadillacs, que salpicaba a varios funcionarios del gobierno de Celso Jaque.
El viernes pasado, Los Andes informaba acerca de que el Ejecutivo insistía con los pliegos de los dos profesionales a un año de haber sido bochados por el Senado. El artículo 83 de la Constitución provincial indica que, en caso de que un aspirante sea rechazado, el Ejecutivo no puede insistir durante dos años.
Sin embargo, la Comisión de LAC entiende que, a pesar de ser las mismas funciones, no aspiran al mismo cargo, porque el anterior ya fue cubierto.
Fernández quiere ser camarista laboral de la Primera Cámara de San Rafael y el año pasado había intentado en la Segunda. Rumbo había intentado ser fiscal de Instrucción y ahora también.
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