Algo se rompió entre la Cámara de Comercio de San Rafael y el gobernador Celso Jaque. “Venimos a conocer, de su boca, si es verdad lo que se dice”, fue la primera frase con la que su vicepresidente, Hugo Bianchi, abrió el diálogo con El Sol. Faltaban pocos minutos para ingresar al salón del Centro de Congresos y Exposiciones y en menos de una hora salió algo disconforme porque no se escuchó nada concreto. La esperanza está puesta ahora en un nuevo frente político antipromoción que se intentará montar en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de un plan B que propone el diputado nacional Omar Félix, tan alejado política como personalmente del gobernador desde la derrota electoral del 2009 pero que ayer intentó dar una nueva señal. Lo que concretamente plantea es extender los beneficios de la promoción a los departamentos del interior que sean limítrofes de las provincias beneficiadas. La idea es que todos aquellos departamentos que tienen índices de desarrollo macroeconómico menor o equivalentes a los vecinos también gocen del beneficio impositivo.

Así, entre los sureños, el mayor económicamente es San Rafael, pero también quedaría incluido Malargüe por tener menor grado de desarrollo. La discusión pretende ahora introducirse en lo político y salir del plano judicial. A propósito de esto, Jaque no tocó el tema de levantar la demanda por la promoción delante de los empresarios, y ellos no están dispuestos a ceder en el planteo a cambio de obras para Mendoza. Bianchi aseguró que pretenden conocer a fondo qué es lo que está haciendo Jaque y por eso decidieron armar una comisión que seguirá de cerca lo que está negociando el gobernador. Quienes la conformarán son, precisamente, los nuevos directivos de la cámara, cercanos al superministro de Jaque, Alejandro Cazabán, pero no tanto como los anteriores, quienes le hicieron el favor de trabar judicialmente el decreto que extendía los beneficios impositivos por 15 años en La Rioja, San Juan y San Luis. La reunión duró una hora y se pusieron todas las propuestas sobre la mesa.

Sigue vigente la idea de pedir un resarcimiento económico para idear créditos a tasa 0 para los industriales, pero también el incentivo al compre mendocino como asimismo pedir que la promoción se extienda a Mendoza. Félix consideró que si avanza su proyecto en el Congreso nacional, se podría destrabar el conflicto en el plano político. Según sostuvo, ya está consensuado con algunos diputados de la Nación que representan a las provincias involucradas. Sin embargo, el escrito sólo lleva su firma y ningún otro diputado mendocino se expresó al respecto.

DUDAS. Javier Espina, el subsecretario de Promoción Industrial, consideró que se trata de una posibilidad más y que analizará el proyecto en las próximas horas pero volvió a señalar que nada está cerrado y que es la Nación la que ha dictaminado que el conflicto se resuelva entre las provincias o no habrá promoción para ninguna. Además, consideró que siguen en discusión los proyectos para restringir actividades o sectores, o colocar paraguas protectores sobre algunos de ellas. A partir de ahora, la comisión de la Cámara de Comercio seguirá de cerca los pasos de los técnicos del Ministerio de la Producción que avanzan en las negociaciones con la Nación. Bianchi reveló que insistirán con conseguir beneficios para los industriales y repitió que no habrá levantamiento del planteo judicial si eso no se logra. Además, le puso plazo al conflicto: “Esto debe resolverse antes de fin de año”, consideró. El clima tras la reunión no era el mejor, pero ahora se abre la discusión, porque los empresarios limitaron a Jaque a no seguir negociando solo, sino con el aval de ellos, los verdaderos involucrados.

ENTREDICHOS. Sobre las declaraciones del riojano Luis Beder Herrera y de José Luis Gioja (San Juan), en el Ejecutivo las consideraron una chicana para apurar la resolución del conflicto y negaron que la negociación esté en la recta final. A propósito de esto, la Cámara de Comercio opina que no alcanzará con la prohibición de deslocalizar empresas, porque, para Bianchi, esto sería insuficiente, considerando que los beneficios podrán quebrar a algún empresario y, sin oportunidad de trasladarse de provincia, deberá cerrar las puertas. Tras la reunión de ayer en la ciudad sureña quedó claro que no hay posibilidades de destrabar el conflicto en lo inmediato. Ahora, los empresarios mendocinos entran en el juego y revisarán cada uno de los pasos que intente dar Jaque. Al finalizar el encuentro, el gobernador se retiró sin realizar declaraciones. Estaba apurado por llegar a dos escuelas en Las Rosas para entregar más neetboks del programa nacional. Por la mañana había inaugurado dos salas en el hospital Teodoro Schestakow y entregó una ambulancia en ese mismo centro asistencial. Estuvo acompañado por todo su gabinete. Los únicos ausentes fueron el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y el titular de Ambiente, Guillermo Carmona.

OSM: buscan fondos

Quien presidirá los destinos de

Aguas y Saneamiento Mendoza,

Rolando Baldasso, participó en la

reunión de gabinete en el Sur.

Dijo que los tres mecanismos de

financiamiento que se están

intentando en Nación se pondrán a

consideración de una comisión

legislativa que esta tarde se reúne

en el cuarto piso de la Casa de

Gobierno. Las posibilidades son:

trabajar en créditos del Enosa;

buscar financiamiento

internacional a través del Banco

Interamericano de Desarrollo o del

Banco Mundial; y/o extraer alguna

partida del Ministerio de

Infraestructura. Según él, es lo que

se está analizando para lograr

el fondeo inicial para la empresa lo

que se revelará esta tarde.

Pedido a la Justicia

El nombramiento de jueces, salteando el proceso normal, obsesiona al secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Habló de un quebranto a la institucionalidad y le volvió a pedir al jefe de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, que dé marcha atrás. En nombre del gobernador, aseguró que no se están cuestionando los nombres de quienes fueron puestos, sino el mecanismo. Dijo que se trata de nombramientos irregulares que le hacen daño a la institucionalidad. Además, puso en valor que el Senado se haya involucrado en el tema a partir de un pedido de legisladores de la oposición que le piden explicaciones a la Sala Administrativa de la Corte.