Con la oposición de los sectores más afectados, el gobierno liderado por Mario Monti adoptó ayer un vasto plan de liberalización de la economía italiana en recesión y fomentar la competitividad.
El nuevo paquete de medidas busca despejar de “privilegios proteccionistas” a sectores que el italiano común conoce como “las corporaciones” y que, a juicio de muchos analistas, traban el crecimiento del país. El plan viene luego de que en diciembre último el gobierno –surgido tras la renuncia del ex premier Silvio Berlusconi– lanzara un ajuste por 30.000 millones de euros, criticado por castigar básicamente a los grupos de menores recursos.
Ahora, Monti apunta a las farmacias, los transportes públicos locales, gasolineras, distribuidores de gas, profesiones liberales, aseguradoras y bancos, entre otros.
“La economía italiana está muy bloqueada y liberalizar los principales sectores podría llevar el potencial de crecimiento al 2%”, estimó el economista Giuliano Noci, profesor de la Universidad Politécnica de Milán. La asociación de consumidores Adiconsum calculó que la apertura a la competencia de muchos sectores supondrá ahorros para cada familia de más de 1.000 euros al año. Pero las corporaciones ya anunciaron ruidosas protestas. Ahora Monti tendrá que someter su plan al Parlamento, donde esos grupos cuentan con numerosos apoyos.

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