Publicado el 28/09/2012 - El juez Miguel Ángel Moreno conformó una comisión con personal de la División Delitos Económicos para que se profundice la investigación en torno a las supuestas irregularidades que se habrían cometido con fondos del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse).

Según indicaron calificadas fuentes tribunalicias, el contador público Guido Picco será quien encabece el grupo, pues ya trabajó en esta causa hace algunos meses y fue uno de los profesionales que informó al magistrado que se había detectado una diferencia de $ 297.131 en la cuenta Sellados del Isspse, al analizar los estados contables de los años 2009, 2010 y 2011.

Este grupo de investigadores será el encargado de explicarle al titular del Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación qué otras cuentas, movimientos financieros e inversiones se podrán estudiar.

Además, serán quienes determinen qué período de tiempo abarcará la ampliación de las pesquisas, ya que los cinco abogados particulares que se constituyeron en querellantes habían solicitado que la Justicia analizara lo actuado por diferentes comisiones directivas durante la última década.

Sumario interno

Por otra parte, el magistrado requirió a las autoridades de la institución que le remitieran el sumario administrativo que se instruyó internamente, a partir de que en enero de este año se detectaron supuestas irregularidades administrativas y financieras.

En principio, desde el Isspse se habría puesto énfasis en la actuación que tuvieron el gerente general, Jorge Acosta; el auditor externo, Luis Rezola y el encargado del área informática, Ing. Becker.

Justamente los dos últimos mencionados hicieron un informe en el que se detallaron algunas supuestas anormalidades en la gestión del entonces encargado de la parte administrativa, financiera y contable del instituto, CPN Antonio Martín.

Sus conclusiones fueron las que impulsaron a la comisión directiva a formular la denuncia penal contra Martín, en febrero pasado, y que éste presentara su renuncia al cargo, previa devolución de $ 150.000 mediante una transferencia bancaria.

Además, el juez Moreno iba a peticionar a las autoridades del Isspse que le informaran cuál es la actual situación laboral de Acosta y Rezola.

El primero de ellos había sido suspendido en su cargo y luego tomó licencia, mientras que sobre el segundo pesa un pedido de imputación, por presunta defraudación calificada reiterada, que fue formulado por el fiscal Ramón Alfonzo.