NEUQUÉN (AN).- El administrador del Instituto de Seguridad Social (ISSN), Marcelo Berenguer, propuso en la última sesión del consejo de administración que la Justicia pueda acceder a la moratoria habilitada para los deudores de la obra social, el grueso de ellos municipios y empresas públicas. La propuesta tiene lugar en simultáneo con el pedido de fondos para funcionamiento planteado al gobierno por los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y tras las denuncias de riesgo institucional que plantea su presidente, Guillermo Labate, por la situación económica en los juzgados.

El pedido de Berenguer no es sólo para la Justicia. También le solicitó al resto del consejo de administración, integrado por los gremios opositores ATE, ATEN y Sejun, que se permita ingresar a los planes de pagos a los municipios de primera categoría, parte del otro tramo de morosos que todavía no ha normalizado su situación con la caja previsional. Los planes de pago para quienes deben fueron fijados, en parte, por una ley provincial, en marzo pasado: se abre camino a una financiación de hasta dos años para las empresas públicas y las comisiones de fomento y comunas de tercera categoría. Deben acordar con el ISSN y luego fijar la modalidad de pago.

El gobierno, por fuera de la ley, también cancelará unos 80 millones de pesos (en bonos y en cuotas en efectivo) que organismos de la administración central adeudaban a la obra social, que parece acomodarse luego de una crisis en la falta de pago a prestadores, en buena medida originada por la no llegada de estos fondos.

La ampliación de la moratoria, para la que no se necesitaría una modificación en la ley, o al menos eso es lo que planteó Berenguer en el consejo de administración, tuvo un pronunciamiento desde la representación sindical en el Consejo: "Nosotros apoyamos que se integre a esta moratoria a los municipios de primera categoría. Pero el Poder Judicial tiene fondos para pagar", opinó la consejera por ATE, Patricia Quilapán, una de las que estuvo presente en la sesión de la semana pasada donde el Ejecutivo, a través de Berenguer, hizo el planteo. La consejera afirmó que la deuda de la Justicia llega a los 33 millones de pesos en aportes no transferidos. Dijo que según lo que expresó el administrador de la obra social, la posibilidad de financiamiento sería de un año en este caso específico.

Dentro de los municipios de primera categoría, uno de los deudores más grandes es el de la capital, con cerca de 12 millones de pesos. Unos 20 millones deben las comisiones de fomento, en cifras de finales del año pasado.

Esta mañana el ISSN volverá a sesionar. Los representantes de los sindicatos plantearán dos cosas: que con las nuevas reglas que se fijen para las comunas que quedaron afuera del acuerdo establecido por ley, se pague un aumento a jubilados; y que en todo caso, si se busca establecer nuevas condiciones para la Justicia, que el plazo de pago concedido sea de seis meses.