Más preocupantes aún son los aseveraciones si provienen, no de cualquier funcionario o dirigente partidario, sino del mismísimo responsable político de la seguridad, con lo cual las imputaciones formuladas en conferencia de prensa adquieren una innegable connotación de carácter institucional.

“El Frente Cívico no se quiere ir”, afirmó el funcionario a modo de conclusión política de la barbarie que se vivió anoche en Parque América. Pero, en rigor, nadie puede creer eso. Del FCS se podrán decir muchas cosas, salvo que tenga el poder y la inteligencia para pergeñar una operación de estas características, con dos o tres centenares de sujetos –muchos de ellos menores de edad-, movilizados, pertrechados hasta los dientes y perfectamente organizados para avanzar sobre la Policía. Suponer que los radicales que dejaron el gobierno en diciembre están en condiciones de coordinar semejante grupo de choque es asignarles una capacidad estratégica asombrosa.

Los funcionarios más eficientes no son –casi nunca- los que buscan el efectismo en sus declaraciones públicas, sino más bien lo que tienen la prudencia y la templanza necesarias para tranquilizar a la ciudadanía en momentos en que campean las dificultades y el desconcierto.

De modo que Gordillo debería dejar que avancen las investigaciones tendientes a deslindar culpas en los hechos vandálicos acaecidos durante la madrugada, y luego, con las pruebas en la mano, formular las denuncias que correspondan. Mejor aún si es primero en sede judicial y luego ante los micrófonos.

Y si el funcionario que ostenta tan importante cargo en la estructura gubernamental tiene ya las certezas respecto de la identidad de los presuntos ideólogos políticos de la barbarie, hubiese sido mejor que dé los nombres de esos dirigentes. De esa manera, hubiera logrado aventar las sospechas que abundan respecto de que lanzó esas imputaciones –quizás con algún indicio, seguramente sin demasiadas evidencias- con el único objeto de transferir la responsabilidad de la delicada coyuntura en el rival político.

Pero al margen de la identidad de los autores –directos o indirectos- de los incidentes, lo que el ministro no puede soslayar es la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir los hechos. Resulta incomprensible que, en el medio del conflicto desatado por la muerte del Diego Pachao en circunstancias que comprometen seriamente a la fuerza policial, no se hubiesen dispuesto acciones de inteligencia para prever, aunque sea someramente- el devenir de los acontecimientos.

Ocurre que la inseguridad pública no es un problema de hoy, sino que se viene arrastrando desde hace un par de décadas y cada vez es más preocupante. Ningún gobierno le hizo frente con una política firme y con la profesionalidad que el asunto exige. Por el contrario, lo habitual fue la subestimación constante. En otros términos, la seguridad nunca fue una política de Estado propiamente dicha. Y hoy los catamarqueños padecen en carne propia lo que no se supo gobernar.

Ayer, el Gobierno debía operar sobre la crisis causada por la sospechosa muerte del joven y la inocultable responsabilidad policial en ella. Hoy ese problema sigue vigente, pero se le han sumado dos más: la insolvencia policial para prevenir revueltas como la de esta madrugada, y la irresponsabilidad de los más altos funcionarios en la lectura política de los hechos que conmocionan a la provincia.