Finalmente, las denuncias por las irregularidades que se abaten sobre el SUTRAPPA llegaron a la Justicia de la provincia, impulsada por la presentación llevada a cabo por la concejal capitalina Sandra Manzone.

La representante de la Coalición Cívica, revestida por una serie de pruebas que demarcarían una serie de ilícitos que se cometerían en el sistema que debería regular el servicio de transporte público de pasajeros (taxis), radicó pasado el mediodía de ayer en los Tribunales de Avenida Sarmiento, la respectiva denuncia penal por adulteración y falsificación de documento público, falsedad ideológica, cohecho y una presunta asociación ilícita.

La documentación pertinente acercada para el análisis de la Fiscalía IV (donde sería girada la presentación) se basa en una serie de datos, informaciones y material fotográfico que dan cuenta de la circulación de forma ilegal, por las calles de la ciudad, de vehículos que violan, en principio, la ordenanza que establece la radicación de dichas unidades en el ejido municipal capitalino.

De acuerdo a lo señalado a la prensa por Manzone, el expediente en cuestión se encuentra conformado por cerca de 30 denuncias particulares (de un total de 100) que llegaron a poder de la edil, desde principios de este año.

"Tenemos casos de vehículos que se encuentran radicados en la ciudad de Yerba Buena pero que siguen prestando el servicio como si fuesen taxis de aquí (Capital), también describimos autos de las provincias de Formosa, Misiones y Neuquén, entre otros", adujo la concejal, para graficar algunas de las pruebas expuestas en la denuncia.

En relación a las particularidades de los ilícitos que se estarían sustentando, la concejal opositora recalcó que la flota de vehículos en condición irregular detallada en el expediente "no sé si serán de agencias o particulares, pero varios de ellos tienen licencias y otros circulan con números de licencias falsas. Por lo cual hemos podido comprobar que se labraron actas de infracciones a esos autos, pero aún así continúan circulando", relató.

Sin embargo, sostuvo que se estaría ante la presencia de casos donde se concretaría una multiplicidad de delitos, al argumentar para ello que "tenemos el caso de dos expedientes particulares donde se constata fehacientemente que hay falsificación de documento público, firmas apócrifas de poseedores de licencias que misteriosamente fueron vendidas. Estamos hablando que de manera irregular se otorgaron sesiones (sic) de sus licencias a otros particulares, por lo que, se deduce, haya mediado el consentimiento del titular".

Al respecto, indicó que en la actualidad solamente alrededor de 1.300 taxis cuentan con una licencia definitiva, determinando de este modo que más de 7.000 vehículos poseen una autorización precaria que habilitan su circulación.

De este modo, Manzone cargó contra quienes digitan el SUTRAPPA en razón de advertir sobre deficiencias de la repartición al momento de realizar los trámites para el otorgamiento de las licencias.

"Hay taxistas indignados y despedidos ante la pérdida de sus expedientes, licencias y vehículos. Si no había un pago monetario anterior, muchos de sus trámites se veían paralizados", adujo Manzone.

A su vez, también hizo mención a las declaraciones vertidas por el ex subdirector del organismo, José Abregú, quien, luego de dimitir a su cargo, dijo que desde el SUTRAPPA no se efectivizaban los controles necesarios para sanear al sistema.

Dichas manifestaciones, propiciaron que la fiscal Teresita Marnero lo llame a prestar declaración testimonial para aclarar sus dichos. "No conozco que es lo concreto declarado en Fiscalía por Abregú, pero sus denuncias no son irreales ni mentirosas", consideró Manzone.

Al tiempo de subrayar que será la justicia quien se encargue de determinar la supuesta connivencia de los funcionarios del organismo para alentar las irregularidades detectadas, la concejal infirió que empleados y funcionarios habrían actuado como gestores en la firma de documentación apócrifa.

"El titular (de un taxi) tiene toda su carpeta con sus declaraciones juradas y documentación, tarjeta verde, y esa documentación se encuentra en el SUTRAPPA donde las carpetas desaparecían y así se fraguaban las firmas para otorgar las sesiones a otros vehículos", argumentó.

Imprentas y negocios “oficiales”

Asimismo, Manzone consignó que a su despacho llegaron una serie de denuncias en las cuales se señalaba la existencia de imprentas que se dedicarían a la falsificación de obleas (que se adhieren a los vehículos como una forma de identificar su pertenencia al sistema de regularización). Estos lugares, según Manzone, se radicarían en la zona de Villa 9 de Julio y comercializarían dichas obleas irregulares a un precio de 500 pesos cada una.

Nuevamente, la edil elevó sus quejas debido a la poca colaboración recibida por parte del mismo SUTRAPPA, ya que desde el 26 de enero pasado había requerido el listado o padrón de los titulares de licencias, pero hasta el día de hoy no obtuvo una contestación favorable al respecto.

Paralelamente, destacó la labor que lleva a cabo la Comisión de Transporte (que ella integra) del Concejo, en especial el análisis efectuado para un cambio sustancial de la norma que regula a los taxis. "Ordenanza que es obsoleta, que surgió con un fin noble, pero tenemos este desmadre que todos sabemos que no sólo no ha cumplido el objetivo de control, sino que también ha favorecido a la ilegalidad que se sigue cometiendo dentro de este organismo", aseveró Manzone.

Consultada sobre los rumores que se sustentaron desde el nacimiento mismo de este sistema sobre la hipotética posesión de licencias y vehículos por parte de algunos concejales, la opositora indicó: "No pude constatar que concejales tengan vehículos trabajando, no tengo conocimiento que presten este servicio. No es ilegal si aquellas personas que son funcionarios tengan vehículos que circulan como taxis, si cumplen con todas las normativas y con la ordenanza, pero no me parece que sea ético", planteó.

La actitud adoptada por Manzone fue cuestionada por sus pares, ya que, sostuvieron, el ámbito para solucionar esta problemática no es el judicial, sino que merece un tratamiento dentro de la esfera del órgano deliberativo de la Capital.

Uno de los que arremetió contra la presentación de la edil, fue su par del PJ, Oscar Cano, quien adujo que "Manzone habló con terrorismo (en relación a las irregularidades del SUTRAPPA). Puede haber cuestiones penales, si es que existen autos mellizos, pero allí no puede intervenir o ser acusado el Departamento Ejecutivo Municipal. Ella no debe hacer política con el cuero de sus pares", alegó el oficialista.

Finalmente, Germán Alfaro, saltó en defensa de su líder político, al indicar que "la norma del SUTRAPPA no es la que quería el Intendente (Domingo Amaya), sino la que tenía a mano en su momento (2006, cuando se la creó)", postuló.

“No se puede ensuciar por ensuciar”

“En el corralón hay más de 40 autos secuestrados, es un trabajo de todos los días. Quiero decirle a la sociedad que no todos los taxis son ilegales, no son 5.000 como dicen. Hay otros que vienen de otras jurisdicciones. No digo que no haya delincuentes. Porque el que pone obleas falsas lo es, pero son los menos. Hay mucha gente que trabaja y mantiene a su familia. No se puede hacer política y ensuciar gente por ensuciar”.

Domingo Amaya- Intendente de San Miguel de Tucumán