“Es una medida lógica ante un hecho muy grave que aparece publicado en un diario, y que es que una persona cobraba un sueldo pero ella no lo estaba percibiendo. La medida lógica es suspender transitoriamente e investigar si esto verdaderamente es así”, indicó.

Schiavi también aludió a “intereses” de “grupos económicos” para que el SUBE no funcione.

“En el fondo, detrás de todo esto hay un juego de que el SUBE no funcione; el SUBE ha estado muchas veces en acecho por grupos económicos que no querían que esto funcione”, juzgó en declaraciones a radio Continental.

El gobierno anunció la semana pasada la suspensión de la ejecución del contrato y de los pagos al consorcio integrado por Global Infrastructure (GI), del empresario británico Stephen Chandler, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Latasa y González Fischer y Asociados (GFA), que tenían la tarea de la supervisión del funcionamiento de la tarjeta SUBE.

El caso salió a la luz por las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades detectadas en la empresa inglesa Global Infrastructure (GI) vinculada a que en la nómina de contratados figuraba Marcela Ashley, como una auxiliar del líder de la consultora (Chandler) con un pago, según Schiavi, de u$s 4.800, y no de u$s 24.000, como se publicó en los medios.

Para Schiavi, “esto es una absoluta estafa entre privados”. “Esa es la razón por la cual el ministro (Florencio) Randazzo con mucho tino suspende el contrato”, dijo.