IPAV: no se recuperó nada de lo sustraído

El Estado provincial todavía no recuperó un centavo del casi millón de pesos que cinco ex funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda desviaron entre 1999 y 2003, cuando Hugo Nelson Agüero era el vicepresidente ejecutivo del organismo, y Luis Edgardo Araniz, el gerente general.
Si bien la Fiscalía de Estado había conseguido tiempo atrás embargarle bienes a Agüero y a Araniz, en esta causa emblemática de corrupción en La Pampa, recién en julio pasado el gobernador Oscar Mario Jorge le pidió al fiscal José Alejandro Vanini que también buscara que los otros tres condenados, Mirta Isabel Rodríguez de Tieri, Walter Raúl García y Juan Cono D'Amico, devolvieran el dinero que sustrajeron.

Ellos, que fueron exonerados de la administración pública, eran en aquella época jefa de Contabilidad y Finanzas, tesorero y jefe de compras y licitaciones, respectivamente. El sexto condenado del caso, Rubén Angel Naval, ya fue dado de baja del Estado y nada se sabe de que tenga que reintegrar la plata de las coimas.

Aunque en la justicia civil hay un expediente abierto, la acción de cobro no habría sido aún impulsada porque, entre otros motivos, se habría retrasado la notificación a Agüero, quien junto a Araniz, está cumpliendo, en la Unidad 4, la condena a cinco años de prisión por sustracción de caudales públicos y pago de coimas a Naval.

¿Cuál es el motivo? Que hasta hace poco se desconocía oficialmente quién era el curador del ex vicepresidente ejecutivo del IPAV, es decir la persona que lo representa legalmente mientras cumple con la pena de encierro. Por eso nadie había recibido las notificaciones que iban a su nombre, ni siquiera cuando el mensajero concurrió hasta su domicilio particular de General Pico. Recientemente se supo que la curadora sería su esposa.

Araniz, en cambio, no "gambeteó" ninguna comunicación judicial y su mujer, Beatriz Poma, su curadora, las recibió sin poner trabas, explicaron fuentes confiables.

Agüero y Araniz fueron condenados a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos porque, entre 1999 y 2003 se desviaron del Instituto fondos públicos por 960.456,21 pesos a través de las operatorias denominadas Banco Hipotecario Nacional y gastos de inspección. Esa suma actualizada treparía hoy arriba de los 3.000.000 de pesos. El fallo fue dictado por la Cámara en lo Criminal 1, conformada por jueces civiles, en los últimos días de 2007 y quedó firme a mediados del año pasado con una resolución de la Corte Suprema.

A su vez, Rodríguez y García fueron condenados a tres y dos años de prisión en suspenso, respectivamente, por peculado (sustracción de caudales públicos) e inhabilitación absoluta perpetua; D'Amico a un año de prisión en suspenso como partícipe secundario del peculado e inhabilitación absoluta perpetua; y Naval, ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, a un año de prisión en suspenso por cohecho pasivo menor (cobro de coimas), inhabilitación absoluta y una multa de 48.000 pesos.

¿Adónde fueron esos fondos? Según el fallo de la Cámara, Agüero -por ejemplo- se compró un sommier para su departamento del edificio Comahue, él y Araniz pagaron sus celulares, se abonaron viajes y fiestas y hubo regalos para los empleados. También se adquirieron cosas tan diversas e insólitas como anticonceptivos, pirotecnia, boleadoras, vinos Luiggi Bosca y huevos de pascua, entre otras.

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