Ríos habría sufrido la cesantía en el año 96 luego de que se dejaran vencer una importante cantidad de medicamentos en perjuicio de la farmacia del Ipauss. La Justicia ordenó el pago de 560 mil pesos a la actual Gobernadora, pero al no concretarse dicho pago, el monto ascendería con intereses, costas y honorarios, al millón de pesos.

El juicio que inició la gobernadora Fabiana Ríos contra el actual Ipauss, por su cesantía cuando trabajaba en la obra social estatal, se acerca al millón de pesos en función de los intereses y costas y los honorarios de Muchnik, la abogada que la representa.

Paradójicamente el gobierno es el principal deudor del organismo asistencial y previsional, y la gestión que encabeza Ríos, ni en su primero ni en su segundo período, ha pagado una sola cuota de la deuda histórica del Estado.

En este caso la demanda fue entablada a título personal, como resarcimiento por el “daño moral” producido por su cesantía como coordinadora de prestaciones farmacéuticas, el 28 de marzo del ’96, cuando fue acusada de haber dejado vencer centenares de medicamentos en perjuicio de la farmacia, aunque fue reincorporada al año siguiente y no dejó de percibir sus ingresos, dado que los pagó ATE y nunca reintegró esos montos.

“El rol que yo desempeñé fue como militante de ATE”, había dicho la actual gobernadora, que en aquel momento integraba el Partido Socialista Auténtico, liderado por Luis Augsburger en la provincia. En rigor no hubo “despido” sino una “cancelación de la designación” como representante del sindicato; y el daño económico fue neutralizado con el aporte dinerario del gremio estatal, por lo cual la demanda se basó sólo en el supuesto “daño moral”, al que hizo lugar la justicia.

El Ipauss apeló la sentencia por considerar la maniobra parte de un “saqueo organizado”, además de un daño inexistente que se buscaba reparar. “Sinchicay dijo en este Directorio, y consta en actas, que en ese momento hubo un plenario de delegados y una decisión política de sostenerla salarialmente, por lo tanto percibió un haber”, decía el ex director Julio Peralta al confirmar la apelación.

“La Gobernadora está pidiendo un daño moral desde 1996 a la fecha teniendo en cuenta que en marzo de ese año se canceló su designación, pero en julio del 97 fue incorporada, y supuestamente el reclamo se debería haber cancelado allí. Sin embargo siguieron los accesorios y los reclamos, e hicieron que debamos actualizarlo al día de hoy, cuando en el interín ella fue legisladora y diputada nacional”, apuntaba Peralta sobre esta deuda que reclama Ríos.

Pese a los argumentos del Directorio, la sentencia quedó firme en junio de 2010 y estableció un importe de 560 mil pesos a favor de Ríos, que no se liquidaron todavía y ahora le permiten sumar casi un 50% a esa cifra, por los intereses devengados en los últimos dos años.

El jueves hubo una audiencia de conciliación al mediodía en el juzgado laboral de la Dra. Cristiano, de la que participó parte del Directorio y la abogada de Ríos, Verónica Muchnik -hermana del juez de la Corte y socia del jefe de gabinete Guillermo Aramburu-. El pedido de la letrada, a dos años de la sentencia, fue de un monto superior a los 700 mil pesos porque se suman los intereses. Con las costas y los honorarios de la abogada, el total a pagar por el Ipauss podría llegar al millón.

La próxima semana tendrá lugar una nueva audiencia para definir si el Ipauss paga esa sentencia o Ríos avanza con un juicio ejecutivo para hacerse de una suma casi millonaria en el corto plazo.

Lo cierto es que la demora sigue beneficiando a la mandataria dado que, en función del proceso inflacionario, el medio millón llega hoy a los tres cuartos, por aplicación de los intereses.