La decisión supondrá aumentar la inversión para esos afiliados del orden del 50 %: se pasará de 20 millones a 30 millones anuales; hasta ahora, buena parte de las coberturas se daban a través de la Justicia.
La razón es simple: existe a nivel nacional una legislación que da amplia cobertura, del 100 %, en discapacidad, tanto en atención ambulatoria como en rehabilitación y prótesis, pero hasta ahora las leyes provinciales que regulan el tema no son suficientemente claras al respecto. Recién el 7 de abril último, la Legislatura sancionó una modificación clave en el texto de la Ley Provincial de Discapacidad Nº 9.891.
La nueva redacción impone a la Secretaría de Salud la obligación de brindar “en forma integral las prestaciones para la prevención, habilitación, rehabilitación y tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social con la sola presentación del certificado según norma del artículo 8° de la presente ley”. Y al Iosper, asumir “con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas consagradas en la Ley Nacional Nº 24.901, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas al mismo”.
Esa modificación legal, sin embargo, todavía no ha sido reglamentada, aunque según dijo el titular del Iosper, Silvio Moreyra, “la decisión política es comenzar a estar en sintonía con la legislación, aún cuando todavía no está la reglamentación del Poder Ejecutivo”.
Otra sentencia
La decisión del Iosper se conoció el mismo día que la jueza de Instrucción Elisa Zilly acogió favorablemente una medida cautelar presentada por el dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Roque Santana, en procura de conseguir atención integral para su hija, Pilar, de 7 años, afectada por un accidente cerebro vascular (ACV), e internada en estos momentos en la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), en Escobar, provincia de Buenos Aires.
Santana, con patrocinio de la abogada Verónica Fischbach, asesora legal de Agmer, presentó un recurso de amparo, acompañado de una medida cautelar, para conseguir que el Iosper “en forma inmediata brinde cobertura total e integral con el 100% a cargo de la obra social y del Gobierno Provincial” de las siguientes prestaciones y provisión de elementos, a saber: una endoscopia respiratoria, una silla de ruedas ultraliviana; una reposera de baño; y una valva de polipropileno, elementos que, señaló en la presentación judicial, “resultan imprescindibles para la continuidad de la rehabilitación”.
Si bien Santana reconoce que el Iosper “cubrió las internaciones de pilar en el Hospital Universitario Austral con una cobertura del 100 % así como también todas las prácticas que en dicho nosocomio se le efectuaron”, y de igual modo actuó la prestadora en relación con las prácticas en el Fleni, “existen prestaciones que actualmente no están siendo cubiertas en dicho porcentaje por el instituto reclamado”.
Al respecto, destacó que “no obstante estar claramente expresadas las normas vigentes y la ineludible obligación de la obra social de hacerse cargo de todas las prestaciones e insumos que sean necesarios para la atención integral de la salud y para la rehabilitación de Pilar, el Iosper cursó notas (...) en las que si bien autorizan la provisión de los elementos solicitados y de la práctica (endoscopia), en ambos casos se nos informó que la tramitación de estas adquisiciones y autorizaciones estaban condicionadas a que asumamos en un 50 %, lo que se nos aclaró puede abonarse de contado o mediante crédito asistencial. Ergo, esto constituye sin lugar a dudas, una negativa a lo peticionado y fundado que consiste en la cobertura a cargo de la obra social del 100 % de los servicios y elementos requeridos”.
La jueza Zilly todavía no resolvió el amparo, aunque hizo lugar a la medida cautelar que supone autorizar la cobertura del 100 % por parte del Iosper para la realización de una endoscopia respiratoria, prevista para hoy; y la provisión de una valva de polipropileno.
Más inversión
Según explicó Santana, de confirmarse la determinación de Iosper de dar prestaciones plenas a sus afiliados discapacitados sin necesidad de recurrir a amparos judiciales, el recurso ahora en trámite en la Justicia, podría desembocar en un acuerdo de conciliación que evite la continuidad del pleito. Y celebró la decisión que, dijo, fue producto de la “presión” de los afiliados que, en los últimos años, han debido transitar los pasillos de Tribunales para lograr cobertura en discapacidad de Iosper.
La novedad se conoció luego de una reunión que el propio Santana mantuvo con Moreyra y la directora docente Victoria Jáuregui. “Ahora está la disposición del Iosper de avanzar en este camino. Hay una legislación que no deja lugar a dudas, por lo cual ya no será necesario recurrir a la vía de los amparos”, señaló Santana.
Pero no olvidó destacar un dato: la reforma de la Ley de Discapacidad fue votada, entre otros, por el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, cuya esposa, Cristina Cremer, ex directora del Instituto de Discapacidad, es ahora diputada nacional. “Habría ahora que lograr que los legisladores nacionales planteen la necesidad de que se coparticipen más recursos para la provincia para dar cobertura en discapacidad, y dejen de estar peleando por los fondos de la Ley del Cheque que no se sabe qué destino tienen”, apuntó.
A su turno, el titular del Iosper explicó que la obra social no esperará recursos federales, sino que “hará el máximo esfuerzo para alinearnos con la política nacional en materia de discapacidad. Habrá una fuerte inversión, y para eso vamos a pedir una audiencia con el gobernador (Sergio Urribarri) en la que pretendemos comprometerlo para que aporte más recursos. Uno de los caminos sería la devolución del 2 % de aporte por los jubilados, que se suprimió en la década de 1990”.
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