En su intención de repartir las acciones de la constructora de las casas de las Madres de Plaza de Mayo, Meldorek, Sergio Schoklender pensó en un funcionario clave del Gobierno: Amado Boudou, que por entonces era ministro de Economía.

Así lo afirmó el viernes pasado el contador de la fundación de derechos humanos, Alejandro Gotkin, al declarar ante el juez Norberto Oyarbide como acusado de integrar una asociación ilícita que desvió millonarios fondos públicos.

"Sergio me dijo que le iba a dar un porcentaje [de Meldorek] a Amado Boudou", afirmó Gotkin según el acta de la declaración que publica hoy el diario Clarín. El contador también involucró como destinatarios de las acciones al asesor financiero Eduardo Acevedo y al ex juez porteño Augusto Kersman.

De la firma, Schoklender poseía el 90 por ciento de las acciones, mientras que el resto pertenecían al piloto del avión del ex apoderado, Gustavo Serventich.

Boudou había sido uno de los funcionarios -como ministro de Economía- que intervino en la aprobación de un crédito del Bicentenario por 10 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales por parte de Meldorek, que trabajaba para las Madres. En las gestiones también participó la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

"La carpeta de inicio de gestión en el Banco Nación me consta que se presentó porque la firmé yo e incluso firmé la apertura de la cuenta corriente", afirmó Gotkin.

"Las proyecciones de Sergio eran faraónicas, iba a ser la mayor empresa constructora de Argentina", aseguró el contador del ex apoderado de Madres. La idea de Schoklender era exportar las casas por el Mercosur luego de empezar a construir en 2010.

En su momento, Schoklender justificó la compra de Meldorek para poder acceder a dos aviones que, decía, necesitaba para recorrer las obras de las Madres en todo el país. Sin embargo, tras estallar el escándalo, las principales sospechas apuntan a que el mano derecha de Bonafini utilizó la firma para desviar fondos en beneficio propio. Según el juez Oyarbide, la malversación de dinero público alcanza los 280 millones de pesos..