Hubo acuerdo entre el oficialismo y los radicales para dejar las cosas como están.
El oficialismo y el radicalismo dictaminaron en contra de la iniciativa de creación de la Comisión Investigadora para evaluar el último pase a planta permanente de los agentes públicos. Esta afinidad seguramente volverá a repetirse hoy en Plenario con el tratamiento de la ampliación de la integración del Superior Tribunal de Justicia, que el oficialismo quiere aprobar en la sesión del viernes.
Ayer, el proyecto de la Comisión fue defendido por los justicialistas disidentes Angela Vicidomini y Ariel Rivero. Insistieron en que esa revisión permitiría retomar la promesa electoral de transparentar los ingresos de contratados a planta permanente. Se insistió que esta herramienta recuperaría aquel "objetivo original" del mecanismo de pase a disponibilidad, que fue derogado a partir de la cesación de la ley de Emergencia. Ese sector reiteró que el último pase a planta permitió que funcionarios de la gestión radical aprovecharan el escenario para incorporar al Estado provincial, insistiendo con la investigación de caso por caso.
Los legisladores del gobernador Alberto Weretilneck rechazaron esa iniciativa. La diputada Viviana Pereira consideró innecesaria una comisión para investigar casos puntuales. Remarcó esa negativa frente a la experiencia –de disponibilidad– que "no ha dado resultado". Obviamente, el bloque radical se opuso a la comisión de investigación. El legislador y exministro Alfredo Pega calificó de "grave error" su conformación. Sería una medida "absolutamente desproporcionada" frente al pase de 3.000 agentes cuando entendió se puede hacer un seguimiento puntual a partir de la Función Pública.
Asuntos Sociales es presidido por el pichettista Alejandro Marinao y conformado por otros pares políticos como Vicidomini, María Gemignani, Domingo Garrone y Rivero, mientras que al oficialismo lo representó Pereira, Susana Diéguez, Silvia Paz, Norma Dellapitima. Asistieron también los radicales Pega, Marta Milesi y Cristina Uría. Ausente Claudio Doñate, que ha logrado evitar cada votación divisoria en el Frente para la Victoria.
La Comisión propuesta tenía un plazo máximo de 90 días hábiles para la resolución, con una prórroga de 30 días.

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