La Fiscalía de Colombia reabrió una investigación contra el ex presidente Álvaro Uribe por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares cuando era gobernador del departamento de Antioquia, entre 1995 y 1997. El caso se reactivó tras la denuncia del congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, quien presentó como pruebas declaraciones de paramilitares desmovilizados que señalan que Uribe fundó un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en una hacienda que era propiedad de su familia. Según la denuncia, Uribe estaba a cargo de "lo militar", y que incluso ordenó una masacre en el municipio de San Roque. Uribe restó valor a las acusaciones y respondió desde su cuenta de Twitter que se trata de "testimonios de presos manipulados".

"Este es, sin duda, el paso más importante de la justicia colombiana en el terrible caso de la parapolítica", aseguró el denunciante Cepeda en referencia a la investigación que busca develar los vínculos entre grupos paramilitares y los funcionarios públicos que se inició en el 2006. La Fiscalía había expedido una resolución inhibitoria sobre una preinvestigación sobre Uribe, pero la fiscal la reabrió, al parecer, por encontrar méritos con otras pruebas. Según Cepeda, esto constituirá "la primera vez que se abra una investigación en la justicia ordinaria contra el ex presidente Uribe por delitos graves que están relacionados, incluso, con masacres ocurridas en Antioquia durante su mandato como gobernador".

El 11 de abril de 2012 Cepeda había denunciado los hechos ante la Fiscalía basado en testimonios de ex paramilitares y fotografías. Allí se documentaría que la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio antioqueño de San Roque, propiedad de los hermanos Uribe, albergó el nacimiento de Bloque Metro, un grupo paramilitar con base física en la finca.

En septiembre de 2011, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien era el hijo del mayordomo de Guacharacas, había afirmado que cuando alcanzó la mayoría de edad comenzó a "hacer trabajos" para las AUC, en las que Uribe estaba encargado de "lo militar" mientras era gobernador de Antioquia e incluso ordenó una masacre en San Roque.

Se da por descontado que ante esta determinación del ente investigador Uribe será citado a rendir testimonio en compañía de su abogado.

Esta medida judicial no es la única investigación que tiene abierta el ex presidente colombiano. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo sigue por otras dos causas. La primera relacionada con una red de espionaje que su gobierno habría montado contra jueces de la Corte Suprema, periodistas, y políticos opositores; y la segunda vinculada a una denuncia de la ex congresista Yidis Medina quien aseguró haber recibido dinero para votar una ley que permitía la reelección de Uribe. «