La Justicia en lo Penal de la Provincia investiga un nuevo caso de estafa con tierras, hecho en el que estarían involucrados una abogada vinculada a un escribano, otro notario del medio y un particular, quienes habrían intentado registrar a nombre de éste último un campo ubicado en el departamento Copo, el cual había sido donado por el Gobierno de la Provincia a un matrimonio en el año 1989.

Un escribano de esta ciudad había remitido una nota al director del Registro de la Propiedad Inmueble pidiendo que se proceda a asentar una matrícula de folio real en una matrícula madre, ya que se trataba de una parte de una propiedad de mayor superficie, lo cual habría sido una omisión del organismo.

Luego, en una contestación desde el organismo, se le hacía saber al notario que ya se había subsanado el error involuntario, pero inmediatamente después, al parecer luego de que se detectara la irregularidad, se informa al escribano que mediante resolución interna -del 1º de marzo del corriente año-se dejaba sin efecto la contestación anterior. Lo curioso del tema es que ambas contestaciones tienen firmas ilegibles y ningún tipo de sello.

Donación del Gobierno

Según una nota rubricada por la escribana de Gobierno María Virginia Viaña, en respuesta a un pedido del director del Registro de la Propiedad Inmueble, que solicitaba copia certificada de la escritura de dicha propiedad, ubicado en cercanías de Pampa de los Guanacos, con una superficie de casi 1.400 hectáreas, para lo cual remitió los datos del supuesto propietario, se informó que los datos aportados eran incorrectos y que conforme al número suministrado, dicha escritura pertenecía a una donación de inmueble otorgada por el Gobierno de la Provincia a un matrimonio en el año 1989.

La escribana de Gobierno indicaba que los datos suministrados eran totalmente incorrectos, porque no coincidían nombres, números ni fechas.

Los informantes revelaron que la Justicia cuenta con la documentación, que sería apócrifa, en la que se registra la supuesta venta del inmueble por parte del Gobierno de la Provincia a dicho particular, operatoria que se habría producido en octubre de 1989, aunque habría varias irregularidades en el acta labrada en esa ocasión por la entonces escribana de Gobierno, como el hecho de que el acta no aparece firmada donde concluye, sino en una hoja posterior, entre otras cuestiones que ahora son motivo de investigación por parte de la Justicia de Instrucción en lo Criminal.