El municipio se constituiría en querellante particular y actor civil en las causas, para impulsar y colaborar con las investigaciones y reclamar el resarcimiento al erario.

Las primeras indagaciones indican que el sistema de cooperativas fue desvirtuado de tal modo que los anotados como asociados o empleados cobraban sumas exiguas mientras las organizaciones les cobraban entre 25 mil y 30 mil pesos al municipio.

Por eso, no se descarta que hayan estado involucrados ex funcionarios municipales que actuaban en connivencia con los responsables de las organizaciones.

Un caso grotesco es el de una cooperativa que recibía 30 mil pesos mensuales por trabajos de limpieza y le abonaba menos de 4 mil a quienes realizaban las tareas.

En el sistema de cooperativas, un porcentaje se destina al funcionamiento de la organización y los gastos, y el resto debe distribuirse entre los integrantes de la organización.

En varias de las cooperativas contratadas por la Municipalidad, por el contrario, los trabajadores recibían migajas y del resto del dinero se desconoce el destino, pues las anomalías incluyen la falta de rendición de cuentas y de asambleas.

Pero además, existiría fraude laboral, ya que los asociados a las cooperativas no pagan cargas sociales.En este sentido, en algunas de las cooperativas capitalinas los inscriptos como asociados eran meros empleados que no tenían participación en las utilidades. Cobraban sueldos muy bajos en negro, sobre lo que los responsables de la cooperativa no tributaban cargas sociales.

Hay cooperativas que fueron desarmadas dos meses antes del cambio de autoridades municipales y que eran conducidas por proveedores de la comuna.

De los testimonios recabados hasta el momento, se desprende también que a muchos trabajadores se les pagaban sumas inferiores a las que figuran en los registros del municipio.

Se corroboró asimismo que encargados de las cooperativas llegaron a hacer los pagos en las propias oficinas de funcionarios municipales.

Las nuevas autoridades revisaron todo el sistema de cooperativas cuando advirtieron que deberían pagarle a las organizaciones más de 1.200.000 pesos por servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre.