El Consejo General de Educación de la Provincia realiza una investigación sumaria contrarreloj, con la finalidad de determinar el número exacto de docentes con títulos apócrifos que dictan clase en el departamento Copo y alrededores.

La irregularidad, que tomó estado público a través de una investigación de Nuevo Diario, involucra a una treintena de personas y genera el repudio de docentes de la zona que dieron a conocer la situación.

En este sentido, la presidenta del Consejo General de Educación, Lic. Marcela Menini de Barchini manifestó a Nuevo Diario, LV11 y FM 88.1 que el objetivo del Ministerio de Educación es esclarecer la situación, por lo cual se está llevando a cabo la investigación desde hace varios días.

“Constatadas las irregularidades, próximamente se tomarán medidas con las personas involucradas”, sentenció la Lic. Menini de Barchini, quien aclaró que se trata de una situación delicada que involucra a muchas personas, “por lo cual debemos ser cautos para evitar afectar a gente que no corresponde”.

La funcionaria dijo que “se está revisando legajo por legajo en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y nivel correspondiente. Estimándose que podría registrarse posibles avances en la investigación y que para el caso de determinarse la existencia de irregularidades, el próximo paso del Consejo de Educación sería formalizar las denuncias pertinentes por ante la Justicia del Crimen, para que se investigue los supuestos delitos cometidos”.

Si bien la presidenta del Consejo manifestó que aún no se tiene a ciencia cierta el número de personas involucradas, se supo que sería inminente que los docentes ligados a dicha irregularidad sean desvinculados del cargo con una suspensión preventiva, mediante notificación.

En cuanto a los tiempos de investigación, la presidenta sostuvo que es todo un proceso minucioso porque hay que realizar cruce de datos, primero para determinar fehacientemente esta nómina de personas para saber “cuáles están realmente con irregularidades” en sus certificados de estudios.

Quieren conocer detalles

La funcionaria busca dilucidar “cuál fue el mecanismo, en qué parte del certificado analítico se observa o figura la irregularidad o adulteración, si es en un segmento del documento o si es todo el documento. Hay que corroborar datos, saber cómo se ha fraguado toda esta documentación”.

La profesional insistió en que se busca “saber cómo se ha procedido para llevar a cabo la irregularidad y para llegar a estas conclusiones se deben analizar los datos que nos van suministrando los distintos organismos”.