Según fuentes de la Afip, los allanamientos se han producido por pedido de las autoridades judiciales de Villa María, aunque se negaron a detallar los elementos secuestrados. Solo, algunos de los empleados, manifestaron que el material recavado era de “suma importancia para la investigación”.

Estos allanamientos son procedimientos relacionados con la detección de una asociación ilícita fiscal que creaba empresas “fantasmas” con el objeto de ocultar ventas de soja por 800 mil toneladas.

La participación de la Afip tiene su correlato en que se ha podido descubrir que la mayoría de las operaciones se realizaban, como se conoce vulgarmente, en negro, sin tener la administración federal ningún tipo de registro de cada una de las operaciones.

En tanto, varias de las organizaciones ruralistas han dejado entrever, fuera de micrófono, que estos tipos de operativos son persecuciones por parte del Gobierno nacional por el conflicto que mantiene con el campo.

Mas allá de las especulaciones, en esta megacausa hay 30 personas imputadas por diversos motivos.