Otra vez la viveza criolla le jugó una mala pasada a sanjuaninos que urgidos por la necesidad de la casa propia y seducidos por la posibilidad de acceder a la vivienda a través de los que dicen tener "contactos" para hacer las adjudicaciones, terminó con una investigación por estafas. El Cuarto Juzgado de Instrucción a cargo del Juez, José Atenágoras Vega, lleva adelante la instrucción de la investigación, después de que formalmente se radicaran 21 denuncias por presuntas estafas realizadas por autoridades del Movimiento Agropecuario Provincial de San Juan con viviendas del IPV.

Estas denuncias dispararon el operativo policial que derivó en allanamientos y la detención de Marcos Barragán como uno de los implicados. Luego de ello se conoció que Pedro Roldán habría presentado ante la Justicia una eximisión de prisión. Por su parte, Carlos Alberto Albornos también presuntamente involucrado en el hecho se econtraría profugo de la Justicia.

La operativa que denunciaron los damnificados es que les ofrecían las adjudicaciones a cambio de una suma que oscilaba de 7 a 10 mil pesos, según la antigüedad que el interesado tuviera en las inscripciones del IPV. Extraoficialmente fuentes relacionadas con la investigación estiman que son 205 las personas que habrían sido timadas en este hecho. Con éste modus operandi, comenzaba el operativo para acceder a la casa propia. Lo cierto es que esto nunca sucedió y

"El IPV no tiene gestores y no hay que prestarse para maniobras de este tipo para conseguir una casa. El Gobierno es bien claro en contar sus mecanismos para acceder a la vivienda propia", dijo Strada.

los supuestos beneficiarios comenzaron a presionar hasta que llegaron a la justicia.

Cuando se destapó la olla, los damnificados comenzaron a recibir un documento en el que se explicaba toda la operatoria realizada y detallaba los pasos realizados tanto con la documentación como con el dinero. Este documento tildado como manifiesto de buena voluntad de Carlos Alberto Albornoz, Secretario General del Movimiento Agropecuario Provincial, Marcos Javier Barragán , Secretario de Finanzas y Pedro Roldán, describe también cual habría sido el destino final de dichas carpetas con la documentación y el dinero requerido a las "victimas". En el manifiesto se habla que la documentación le habría sido entregada a funcionarios del IPV.

Con este panorama comenzó la investigación policial que ya dio con la detención de quien estaba encargado de recolectar el dinero a los interesados. Se trata de Marcos Barragán quién otrora fue procesado hace poco más de tres años por intento de extorsión a la minera Barrick.

Después de conocerse varias denuncias efectivas, el Gobierno a través del Ministerio de Infraestructura y del IPV, salió a reiterar que no hay gestores que trabajen para otorgar viviendas.

"Son los mecanismos que venimos advirtiendo desde el gobierno, los únicos que se utilizan para acceder a una vivienda. No hay que prestarse a maniobras de éste tipo porque terminan en este tipo de hechos", dijo el Ministro Strada.

Por lo pronto el IPV ya se puso a disposición de la Justicia para aportar los datos necesarios para la investigación, mientras que el gobierno sacará solicitadas en los medios gráficos de la provincia para dar a conocer el caso y para instar a las personas a que denuncien casos similares.