El texto apunta contra el secretario general, Rubén Ghioldi; su sobrina y apoderada legal del gremio, Susana Treviño, y el secretario de Finanzas, Oscar Fernández, quienes habrían autorizado y pagado gastos con fondos de la asociación sin haber sido avalados por la comisión directiva.

En la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 10, a cargo de Alfredo Ivaldi Artacho, constan pruebas que acreditarían que Ghioldi autorizó a Treviño a que "dispusiera en su provecho de fondos de ese gremio".

El martes pasado, la fiscal Graciela Arguelles ordenó el allanamiento de la sede del gremio (Corrientes 450). Se incautaron comprobantes de pago y boletas.

Pagos sin avales. Entre las múltiples denuncias de malversaciones surge una que da cuenta de que Ghioldi autorizó que el gremio pagara "cifras siderales" a una agencia de seguridad (Argit SRL) para que vigilara su domicilio particular y el de su sobrina.

Ambos habían sido blanco de una serie de extraños sucesos. En abril de 2009, balearon el frente del estudio jurídico de Treviño, situado tres pisos debajo de su departamento (Rivadavia al 2200); y en diciembre, dos sujetos ingresaron a la casa del histórico dirigente (Córdoba al 2700) y se llevaron una caja fuerte con 30 mil pesos y documentación del gremio.

Tras el atentado, Treviño tuvo custodia policial, pero las fuentes consultadas ayer indicaron que culminó la semana pasada y la abogada se habría alojado entonces en una suite de un lujoso hotel. Ayer no pudieron precisar si ese alojamiento fue pagado por el gremio.

En la denuncia toma relevancia el hecho de que el tesorero (Fernández) se habría autoconcedido un préstamo de 9 mil pesos a devolver en 18 cuotas sin intereses.

Esa modalidad parece ser común, ya que también se denunció que el gremio otorgó un préstamo de 50 mil pesos a un empleado del Departamento Jurídico, también a devolver en cuotas sin intereses.

Fernández habría retirado además 5 mil pesos para pagar la internación de su esposa en un instituto que no es prestador de la obra social de empleados de comercio (Osecac).

Ghioldi, en tanto, pagó gastos de internación por 91 mil pesos de un prosecretario de la entidad ya fallecido en un efector que tampoco es prestador de Osecac. Y autorizó gastos por más de 14 mil pesos para pagar los cuidados médicos de sus hermanos, todo sin el aval de la comisión directiva.

Se prevé que en los próximos días la comisión directiva del gremio será citada a brindar declaración indagatoria.