La historia, según pudo saber LABRÚJULA24.com, comenzó en el año 2000 cuando se firmo un convenio entre la Asociación Viajantes del Sur y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IPV).

Como suele ocurrir, sindicatos u organizaciones sociales ponen las tierras y luego consiguen la financiación del IPV para la construcción de las viviendas del barrio. Después, los propietarios pagan cómodas cuotas por la casa ya levantada.

Una de las primeras irregularidades detectadas por el fiscal de Delitos Económicos Rubén Álvarez es que, en este caso, Viajantes del Sur -quien era quien debía ser el intermediario entre el Estado bonaerense y la empresa a cargo de la construcción- le “transfirió” fraudulentamente los derechos a la constructora GMG.

Uno de los requisitos esenciales para que el IPV pueda otorgar los financiamientos es, justamente, que el administrador sea la organización con quien firmó el convenio.

En su momento, en una oscura maniobra, el secretario de la Asociación Viajantes del Sur -de apellido Pistone- y su adjunto, Carlos Ferreyra, le cedieron el convenio -o sea entregaron su calidad de entidad intermedia- a la empresa GMG, cuyo propietario es Marcelo Astradas.

Y para que todo quede en familia, los dos hermanos de Astradas fueron designados en puestos claves. Por un lado, Marcelo quedó a cargo de la dirección de obra del barrio y Gustavo fue nombrado como encargado de entregar los certificados de terminación de las distintas etapas de las obras, indispensables para que el IPV vaya liberando los fondos para el avance la construcción.

Desvío de fondos

Lo que sospechan los investigadores es que el dinero (varios millones) salió del Instituto de la Vivienda pero que nunca se destinó, efectivamente, a la construcción del barrio ubicado en las calles Indiada y Fragata Sarmiento.

Fuentes cercanas al fiscal Álvarez le confiaron a LABRÚJULA24.com que ya se han detectado 7 cheques del IPV a nombre de Astradas que habrían sido cambiados en financieras, depositados a nombre de otras empresas o entregados a testaferros.

Como si todo esto fuera poco, se supo que el titular de Viajantes del Sur, Carlos Ferreyra -quien le “entregó” el barrio a la empresa GMG- es tío de los Astradas y se cree que también formó parte de las maniobras, aunque en el último tiempo habrían intentado mostrarse distanciados.

Mientras todo esto pasaba, las familias adjudicatarias se quejaban porque las obras estaban paralizadas desde hacía varios meses. Desde la misma empresa les respondían que “la Provincia no pagaba” cuando, en realidad, el dinero habría sido desviado con otros fines.

El fiscal Álvarez sospecha que pudo haber complicidades de funcionarios del Instituto de la Vivienda y además, tendría en la mira a un conocido abogado que habría participado de las maniobras delictivas.

Administración fraudulenta y estafas reiteras serían los delitos por los que podrían ser imputados en poco tiempo varios de los personajes investigados en esta mega causa. Hasta el momento, ya se tomaron más de 50 declaraciones testimoniales y se estudia el misterioso crecimiento patrimonial de los sospechados.

El Gobierno de la Provincia le retiró los derechos a la constructora sobre la obra “fantasma” y la gente perjudicada continúa actualmente en busca de la vivienda prometida.

Por su parte, los concejales Alejandro Curino y Marcelo Ciccola trabajan en el tema para intentar buscar una solución que beneficie a la mayor cantidad de familias.