El secuestro de documentación, computadoras y material informático que serán sometidos a análisis, fue el resultado principal de una serie de allanamientos simultáneos que se desarrolló ayer en nuestra ciudad, en el marco de una causa en que se investiga el delito de quiebra fraudulenta, maniobra que podría haber generado un perjuicio millonario.

Los procedimientos, ordenados por la justicia de Garantías, tras un pedido de la fiscal Leila Scavarda, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12, estuvieron a cargo de instructores de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que llegaron especialmente desde La Plata.

De las requisas, que se iniciaron aproximadamente a las 9 y concluyeron entre mediodía y las primeras horas de la tarde, participaron dieciocho efectivos de la dirección de Casos Especiales de la policía bonaerense, con apoyo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

Se incluyeron la vivienda del empresario Ricardo Pipkin, en la calle Reconquista 500, del barrio Palihue, quien estaría bajo sospecha por la comisión de la maniobra, encuadrada dentro de los delitos económicos.

También se allanaron dos comercios, del rubro bazar y regalería, que funcionan bajo la denominación Cerezas, ubicados en Estomba y Rondeau y Brown 257; un estudio contable de Bravard al 1400, otras dos viviendas de Pueyrredón al 200 y Terrada al 1200, y un departamento de la primera cuadra de la calle Moreno, según revelaron fuentes allegadas al caso.

El ilícito, encuadrado en el artículo 176 del Código Penal, prevé prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial de tres a diez años, para "el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:

1) Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;

2) No justificar la salida o existencia de bienes que debiere tener, sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;

3) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor".

"En este caso, aparentemente, armaban sociedades anónimas y después se presentaban en quiebra y dejaban 'el tendal'. Trabajaban un tiempo, presentaban quiebra y armaban otra sociedad, con otro nombre, aunque con los mismos integrantes", dijo a "La Nueva Provincia" una fuente allegada al caso.

Esa maniobra habría generado perjuicios por montos superiores a los 600.000 pesos y que podrían llegar hasta los 2.000.000, agregó el mismo vocero.

Desde la DDI local, mediante un comunicado de prensa, se indicó que ellos intervinieron de manera conjunta con Casos Especiales y "peritos contables y abogados de la Procuración".

Señalaron que las órdenes fueron libradas por la jueza de Garantías Nº 3, Susana Calcinelli, tras el pedido de la fiscal Scavarda, "a raíz de una denuncia presentada por el juez en lo Civil y Comercial, doctor Néstor Javier Carlos".

"Esta causa viene desde 2001", expresó un informante que participó del procedimiento en el barrio Palihue, donde Pipkin no estaba presente, aunque sí su mujer.

Desde La Plata

Mientras desde la fiscalía de la doctora Scavarda se declinó brindar información sobre el caso, al menos en la víspera, el subdirector de la división Casos Especiales confirmó algunos detalles del operativo, en diálogo telefónico con "La Nueva Provincia".

"Mucha precisión no puedo dar; efectivamente, se están haciendo siete allanamientos, solicitados por la Procuración de la Provincia, en una causa por quiebra fraudulenta y estafa", dijo el comisario Luis Carmena.

Detalló que la repartición que conduce trabajó "con un total de 15 efectivos, con cuatro móviles, a cargo de dos oficiales jefes (comisario y subcomisario). Me dijeron que se desarrollaron con normalidad".

"Solamente se registró secuestro, no detención, porque se trata de un delito económico", amplió el funcionario.

Carmena ratificó que se allanaron "dos comercios, un estudio contable, tres viviendas y un departamento".

"La causa la está tramitando directamente Procuración. Como no querían manejarse con la policía local, nos solicitaron el apoyo, que, lógicamente, se le brindó", sostuvo Carmena.

¿Le avisaron? El instructor de la Procuración a cargo de los procedimientos, se habría mostrado muy contrariado al enterarse que Ricardo Pipkin supuestamente sabía, de antemano, de los allanamientos que se iban a realizar en la víspera. "En la computadora de su casa se encontró una conversación con un hijo (sería del martes o antes), en la cual se dice que sabían de los allanamientos", dijo un vocero. De esta manera, se especula que el hombre podría haber retirado documentación relativa a la causa.