Los hombres del peronismo disidente vuelven a la carga con la política penitenciaria mendocina. En sintonía con la ola nacional desatada por los casos de presos que participan de actos kirchneristas, el diputado nacional Enrique Thomas y el senador provincial Gustavo Valls reincidieron en el pedido de información acerca de los fugados de las cárceles mendocinas y agregaron una perlita más: aseguran que hay un número no determinado de agentes penitenciarios que han falseado su título secundario.

Pero la respuesta del Gobierno respecto a este último punto llegó antes de que los del peronismo federal pidieran el cónclave. La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda confirmó que se han denunciado 11 casos de agentes penitenciarios que presentaron títulos secundarios apócrifos y están a la espera del resultado de una auditoría de la Dirección General de Escuelas (DGE), para certificar la situación de otros guardiacárceles que están situación dudosa. Los 11 que fueron atrapados en la maniobra fueron denunciados ante la Inspección General de Seguridad y ante la Justicia penal.

En la mañana de hoy, Valls y Thomas presentarán una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, el diputado del PD Aldo Vinci, en la que le solicitan participar de una reunión de la comisión, para arrimarle la información que tienen y pedirle una investigación más profunda en todos los ítems.

Todo esto, en medio de la ebullición por las salidas de presos a actos del kirchnerismo; de fondo, a nivel provincial, con la discusión del proyecto de ley que endurece las condiciones para acceder a los beneficios del régimen progresivo de la pena.

En el caso de los fugados, el interés había aparecido hace algunos meses. El 26 de marzo (época en que el homicidio de Matías Quiroga caldeaba los ánimos contra los fugados y el juez de ejecución penal, Eduardo Mathus) Thomas, Valls, más el diputado Daniel Cassia (peronismo federal) y el senador Gustavo Cairo (Pro), habían salido al ruedo con las 250 fugas de presos desde 1983 a la fecha; de los cuáles la mitad se escaparon del 2003 a la fecha. Es decir, que en nueve años se fugó la misma cantidad de internos que en los 20 años anteriores.

La reiteración del pedido es que, a pesar de haber planteado la consulta al respecto, dicen no sentirse satisfechos con las respuestas llegadas a la Bicameral de Seguridad desde el Servicio Penitenciario mendocino.

"Nos respondieron que muchos de los fugados cumplieron su condena después de la fuga", dice Thomas, casi con sorna. Es que hubo una respuesta oficial, que llegó a la Bicameral el 29 de mayo pasado. Los Andes consignaba que, según el Servicio Penitenciario, en los últimos cinco años se habían fugado 68 presos. Ronda confirmó que sostienen ese informe presentado hace un par de meses ante la Bicameral.

Títulos "truchos"

El caso de la falsificación de título secundario tiene una historia. En el 2008 y ante la necesidad de cubrir vacantes en el Servicio Penitenciario, se bajó la exigencia del título secundario para los ingresantes, con la condición de que presentaran el certificado en dos años. Esa condición se prorrogó en el camino, hasta este año que, según confirmó la Subsecretaría de Justicia, volverán a la vieja usanza de que los aspirantes tengan cumplido el nivel medio. "En estos días la Legislatura tratará ese proyecto que remitimos", dice Ronda.

El tema es que, hace un tiempo aparecieron los certificados apócrifos y empezó la investigación administrativa. Once casos saltaron y los que llevaron a cabo la maniobra fueron denunciados y dados de baja.

Además, se encontraron otros posibles casos que deberán ser confirmados próximamente por la DGE. En caso de que se confirme la falsificación, también serán denunciados ante la Justicia por falsificación de documento público.

Es que el título secundario, además de ser una condición, abre las puertas de las promociones en el escalafón penitenciario. Además significa el pago de título, un dinero que nunca viene mal, pero que a la falsificación del título le agrega más gravedad legal.

Además de esto, los legisladores del peronismo federal quieren saber acerca de ascensos extraordinarios, en el que los beneficiarios se hayan saltado algunos grados y hayan subido vertiginosamente en la carrera penitenciaria y también contar con datos más precisos acerca de los 130 condenados que actualmente gozan del beneficio de las salidas transitorias.