La madre del menor y ex presa política de Córdoba, Agristina del Valle Samora, radicó denuncia en el Juzgado Federal local por la muerte de su hijo a causa de los disparos de policías en un procedimiento en plena dictadura, en julio de 1977, en Las Termas.
Publicado el 16/10/2012 - Una denuncia interpuesta en el Juzgado Federal local por una ex presa política oriunda de Córdoba, muestra el salvajismo con el que actuó el terrorismo de Estado en Santiago del Estero. Según la exposición de Agristina del Valle Samora, su hijo de cinco años, Gabriel Antonio Castro Uviedo, fue víctima de las balas de la Policía provincial, durante un operativo en Las Termas de Río Hondo, en julio de 1977.
La mujer intenta, a 35 años del aberrante episodio, develar quiénes son los responsables de la muerte de su pequeño hijo y también de la posterior desaparición de su marido, Alcides Fernando Castro Uviedo, de nacionalidad uruguaya, ya que en ese operativo tanto ella como su pareja quedaron detenidos y a su esposo no volvió a verlo. Samora estuvo en prisión hasta principios de los años ochenta en la Cárcel de Mujeres santiagueña.
Tras la denuncia de Samora contra “autores desconocidos”, la Justicia Federal local inició una investigación para dar con los responsables del hecho.
Según señalaron calificadas fuentes, la mujer narró que ella, su marido y el hijo del matrimonio, fueron cercados en la ciudad termal cuando se dirigían al Norte Argentino (en un viaje que comenzaron en Córdoba) por un procedimiento policial que habría estado a cargo de personal de la Comisaría 40 de Las Termas de Río Hondo.
Indicó que en ese momento se produjo una balacera que provocó heridas mortales al menor y la reducción del matrimonio. Lo más truculento de la historia, fue que se enteró en la prisión de la muerte de su hijo, cuando le avisó una guardiacárcel. Los restos del niño habrían sido enviados a Córdoba, a familiares de Samora.
La mujer también contó que había conocido a Castro Uviedo en Córdoba con quien contrajo matrimonio y luego concibieron a Gabriel. Mencionó que su pareja se dio a conocer con una identidad falsa, cosa que descubrió al tiempo de la relación; también relató que su esposo le había confesado que viajaba al Norte del país para llevar armas a los movimientos de resistencia al gobierno de facto.
Incluso, Castro Uviedo le había recomendado que ante el peligro que conllevaba su actividad, que si llegaban a ser descubiertos que dijera que él era un delincuente común, versión que habría sido dada por la mujer a los investigadores policiales santiagueños. Es por eso que se le hizo una causa por robo y así lo refleja el parte policial en las publicaciones periodísticas de aquella época. No obstante, la brutalidad con la que se actuó en el procedimiento y la posterior desaparición de Castro Uviedo indicaría que se sabía de las actividades del hoy desaparecido militante uruguayo.
La denuncia de Samora es uno de los 20 casos por delitos de lesa humanidad que comenzaron a exponerse en la Justicia Federal local a partir de 2009, cuando ya estaban conformados los grupos de la Megacausa. En algunas causas, el juez Molinari ya indagó a los acusados.
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