Tras desestimar el supuesto espionaje al vicegobernador Racconto, la Fiscalía de Delitos Complejos analiza si hay irregularidades en la contratación y el funcionamiento del sistema. Una diputada opositora sospecha de la empresa concesionaria y la cuestiona.
Por eso, del expediente original se abrió otro en la Fiscalía de Delitos Complejos conducida por Santiago Garay.
En el mismo expediente se agregaron denuncias de la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), que también enumera una serie de anomalías en el sistema y por lo cual, además de la presentación judicial, quieren que el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, dé explicaciones en la Legislatura.
A grandes rasgos investigan si hubo violaciones a la Ley de Emergencia en Seguridad, norma por la cual se realizó la contratación de la empresa Arlink de manera directa.
Entre otras cosas se denunció que esa empresa no contaba con el respaldo técnico y legal para que fuera contratada por el Estado. Además, se denuncian incumplimientos en el contrato. Y los legisladores apuntan a que el Gobierno le dio el manejo de ese sistema al mismo grupo empresario, (Vila-Manzano) que por otro lado denunció por extorsión.
Pero en esa lista de sospechas aparece un dato llamativo: la firma Arlink tiene como propietarios principales (además de la sociedad encabezada por Vila y José Luis Manzano) a una empresa desconocida radicada en las Antillas holandesas.
La legisladora Gutiérrez, denuncia que se trata de un paraíso fiscal y que se corre el riesgo de otorgar información a personas y organizaciones desconocidas.
En el Gobierno aseguran que el sistema se adjudicó a Arlink porque era la opción más conveniente para la Provincia y que esa empresa cumple todos los requisitos exigidos. De igual manera, reconocen que hay demoras en el cumplimiento del contrato, pero que están evaluando la situación para ver si se trata de situaciones de fuerza mayor o no.
"El proceso de adjudicación fue correcto y se contrató a Arlink porque era la mejor opción para la provincia. No hubo ninguna objeción ni impugnación de nadie", aseguró el ministro Aranda.
El funcionario aseguró que aportarán toda la información que requiera la Justicia y la Legislatura. "No he tenido noticias de ninguna denuncia, por eso no puedo emitir más opinión, pero sí voy a defender el sistema de cámaras porque es bueno para la seguridad y en eso nosotros no hacemos política", dijo.
Los primeros cuestionamientos al sistema de cámaras de vigilancia vinieron desde donde menos lo pensaban en el Gobierno.Fue el "co equiper" del gobernador, Celso Jaque, quien anunció que sospechaba de una de esas cámaras que estaba en la puerta de la Legislatura.
Así, se presentó en Tribunales y pidió que investigaran si lo estaban "espiando" o no. Esa posibilidad quedó desestimada. Pero se abrieron otras sospechas.
En la Justicia ahora se investiga, entre otras cosas, si fue correcta la adjudicación a la empresa Arlink. A ese expediente (bajo secreto de sumario ahora) se le adjuntó una denuncia de la diputada Gutiérrez en la que asegura que elGobierno obvió una serie de incumplimientos en la adjudicación.
Entre otras cosas asegura que la empresa no tenía al día sus balances, tenía deudas con la AFIP y no presentó las certificaciones necesarias de los proveedores de insumos. Además, mencionan que en el concurso de precios realizados, se descartaron las otras empresas, pero luego Arlink terminó asociándose con una de ellas (Patagonia Grill).
Pero también hay cuestionamientos políticos, pues Gutiérrez afirma que le otorgan una herramienta clave del sistema de seguridad a una empresa con cuyos dueños se había peleado.
En este sentido, enfatizó que el Gobierno le permite "acceder a información sensible, concerniente a todos los ciudadanos de la provincia, a un grupo que, al decir del secretario general de la Gobernación (Alejandro Cazabán), es extorsionador".
Pero la legisladora además denuncia que Vila y Manzano son propietarios de sólo 21 por ciento de Arlink.
"Surge de la lectura de la oferta que ésta es controlada por Crofton Company NV que es controlante de Arlink SA al tener 68,49% de la sociedad, que tiene un domicilio en De Ruyterkade 62 P- O- Box 812 Curacao, Netherlands Antilles, un paraíso fiscal, judicial y financiero", dice la denuncia. Los Andes intentó comunicarse con la firma, pero fue imposible contactarse.
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