Publicado el 29/12/2011 - Un abogado del medio está acusado de haber actuado como “gestor” en una operación inmobiliaria irregular por un campo ubicado en el departamento Atamisqui, mientras que el supuesto apoderado estuvo detenido un tiempo por esta causa.

En tanto, la querella que está a cargo de Mario Roberto Rovelli, reclama que también se impute a una escribana tucumana, quien habría confeccionado un poder apócrifo a favor del presunto apoderado.

De acuerdo con la denuncia radicada en el Juzgado del Crimen de Primera Nominación, el ardid comenzó a gestarse cuando unos supuestos intermediarios en la compraventa de campos se contactaron con el ingeniero civil cordobés Rubén Alejandro Carnevale, quien a la postre sería el supuesto damnificado.

En julio de 2008, a través de un primo, se enteró de que había a la venta 853 hectáreas aptas para ganadería en el departamento Atamisqui.

Luego de reunirse con los comprovincianos que se dedicaban a este tipo de negocios y de recorrer el campo llamado Tres Pozos, que no contaba con ocupantes y cuyos títulos supuestamente estaban en regla, viajó a esta capital para finiquitar la operación.

Aquí se contactó con el abogado, quien aparecía como el gestor y de quien de dijeron que poseía la documentación original de la propiedad.

En un encuentro que mantuvieron en el estudio del letrado, en la zona céntrica de Santiago, se había pactado que el precio de la hectárea es de 185 dólares, por lo que el precio que figuraría en la escritura iba a ser de 157.805 dólares.

El 22 de julio de 2008 se pagó el 20% del valor pactado en concepto de seña, según consta en la denuncia penal.

En una escribanía del medio se firmó el boleto de compraventa, donde se acordaba que la escrituración se haría en los primeros días de septiembre.

Sorpresivamente, se le informó a Carnevale que la escritura se firmaría en otra escribanía y que el apoderado ya había firmado la misma, pues había viajado a Buenos Aires por razones de salud.

En esa oportunidad, se abonó el saldo de 126.244 dólares en el estudio jurídico del abogado.

Transcurrió un mes y al preguntar Carnevale telefónicamente al escribano local si ya había sido inscripta la escritura, éste le contestó que había surgido un problema con el poder confeccionado en una escribanía de San Miguel de Tucumán.

Concretamente, el escribano le explicó que el titular registral del campo, Américo Santillán, había fallecido en 1992 y que su heredera, Mercedes Santillán de Sosa, se había enterado de la venta y que bajo ningún aspecto ella había autorizado ésa ni ninguna otra operación con el campo.

Además, en el poder confeccionado en Tucumán aparecía la esposa de Santillán como copropietaria, Inés María Peralta, quien no había rubricado el mismo y por lo tanto carecía de validez.

El ingeniero reclamó al abogado por esta situación y cómo no le devolvía el dinero de la operación, es que lo denunció penalmente.

Al hacer algunas averiguaciones, descubrió que la persona que figuraba como apoderado en el escrito realizado en la escribanía tucumana es un jornalero que reside en la localidad de Nueva Francia.

El hombre reconoció que el abogado local le había hecho firmar unos papeles y le había retenido su documento de identidad, a cambio a 500 pesos.

En su momento, la Justicia dispuso la detención del jornalero, así como también la imputación para el abogado, quien obtuvo una eximición de prisión.

Ayer estaba citado para prestar declaración indagatoria, pero no se presentó porque argumentó que no se encontraba en Santiago.

Ambos están imputados por presunta estafa y falsificación ideológica de instrumento público.