Fuentes judiciales indicaron que los estados contables de los ejercicios de los últimos cuatro años serían “un desastre”, por lo que crece la sospecha de que en la defraudación descubierta en 2011, actuó más de una persona.
Según trascendió de calificadas fuentes judiciales, los balances correspondientes a los ejercicios de los años 2008 a 2011 inclusive, contendrían notorias irregularidades, a tal punto que fueron definidos por un investigador como “un desastre”.
Por ende, esa documentación será motivo de un minucioso análisis por parte de quienes deben investigar la denuncia penal formulada contra el ex jefe del Departamento administrativo, contable y financiero.
Esta situación abre entonces un abanico de posibilidades, que van más allá de estudiar la situación puntual del acusado formalmente por los letrados del Isspse ante el Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación.
En ese sentido, las fuentes consideraron que deberá analizarse la actuación que tuvieron los organismos de contralor de la institución, como la comisión fiscalizadora y la propia comisión directiva, que habrían aprobado los estados contables sin que aparentemente se hubieran percatado de que existían ciertas anormalidades.
Desentrañar cómo fue la gestión del contador público denunciado penalmente conllevaría a que también se evaluara la que les cupo a quienes se encontraban funcionalmente por encima de él y tenían que controlar la evolución de las finanzas de la entidad.
La semana que viene se espera que haya definiciones fundamentales en cuanto a la causa, básicamente relacionada con la imputación que se le efectuaría al contador sospechado de haber cometido irregularidades financieras y contables.
En principio, la figura penal que podría ajustarse a su conducta antijurídica es la de administración fraudulenta, confiaron quienes están investigando el caso.
El expediente se encontraba ayer en la Fiscalía a cargo de Ramón Alfonzo, quien estudiaba la denuncia y la documentación acercada por los abogados del instituto para promover la acción y las medidas que debería disponer el juez natural de la causa, Miguel Ángel Moreno.
Según el informe de la comisión fiscalizadora, se detectaron que el profesional sospechado y que renunció a su cargo hace un mes, habrían consignado en una planilla más de una vez el mismo documento y otros que habían sido contabilizados en meses anteriores.
También se habrían modificado los montos de los pagarés que firmaban los beneficiarios de los préstamos que otorga el Isspse.
Comentá la nota