El Tribunal de Contralor reabrió la investigación sumaria del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social en respuesta a la exigencia planteada por el Deliberante a principio de mes, pero aclaró que proceso quedará en manos del nuevo gobierno.

La investigación de las graves irregularidades detectadas en el Instituto, iniciada en junio de 2010 a solicitud del concejal Hugo Cejas, se estancó por las dificultades de acceso a la documentación y terminó enfrentando a ambos poderes que, paradójicamente, coinciden en la necesidad de intervenir el organismo.

A fin de octubre el Tribunal comunicó a los concejales el cierre del proceso sumario en una nota donde planteaba la "intervención lisa y llana del organismo" como "la única acción apropiada para sanear" la sospecha de graves irregularidades. En la misma recordó que ese mecanismo es potestad del Deliberante. El planteo no cayó bien en el Concejo Municipal que, por carta documento, exigió al contralor que cumpla con su obligación y realice la investigación.

El presidente del Tribunal, Oscar Cannizzaro, confirmó a este diario que no cerraron la investigación a la espera de nueva documentación, pero estimó que "la posibilidad de acceder a toda la documentación se va a abrir a partir del nuevo gobierno". Cannizzaro recordó que el organismo que conduce "dictamina el balance, que es concordante con el pedido de intervención, después de una larga investigación" y criticó a los concejales por no avanzar en ese sentido ni interpelar a los directores del Instituto ante irregularidades graves como el ocultamiento del boleto de compra venta de las 42,5 hectáreas de El Frutillar.

El presidente del Tribunal reiteró que el proceso sumario se estancó por las dificultades que enfrentaron para acceder a la documentación y desestimó la conveniencia de realizar allanamientos por al vía judicial o con la concurrencia de la fuerza pública para revertir esa situación.

"No le voy a pedir al juez que me autorice a hacer un allanamiento por un libro de caja que se que no existe, porque tiene que ser rubricado por el Tribunal de Contralor y nunca lo hicimos, y estamos hablando de una irregularidad grave que justifica el pedido de intervención" reflexionó.

El dictamen que aconsejó el rechazo del balance 2010 del Instituto fue lapidario por la cantidad y calibre de las irregularidades señaladas pero solo la vicepresidente del Tribunal de Contralor, Edith Garro, recomendó a los concejales la intervención del organismo. La evaluación se limitó al ejercicio contable y no contempló la valoración de las adjudicaciones y las compras de tierras señaladas por los concejales.

Por lo mismo Cannizzaro insistió que "con el cambio de gobierno se abre una nueva instancia para evaluar toda la documentación".