La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbattela, no respondió el pedido de informes. Pero fuentes del organismo afirman que, por el blanqueo que permitió el ingreso de 5000 millones de dólares, se reportaron unas 600 operaciones sospechosas que están siendo investigadas por el Banco Central y la UIF y que este organismo solicitará al fiscal Raúl Plee que tramite el levantamiento del secreto fiscal en 150 casos.

El 24 de diciembre de 2008 entró en vigencia el régimen de regularización impositiva, que se dio en llamar ley de blanqueo de capitales, la cual fue objeto de fuertes críticas.

Hace unos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que esa ley permitió recaudar unos 18.113 millones de pesos, que eran activos e inversiones no declaradas que estaban en el exterior y que regresaron al país.

"Pedimos un informe a la Jefatura de Gabinete, pero nunca nos respondió si la UIF había efectuado el control del origen de esos fondos. Por eso, insistimos con otro pedido a la UIF y también al GAFI", dice Morales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo que establece los estándares y procedimientos internacionales contra el lavado de dinero y su sede está en París. Y, en los últimos años, formuló reiterados cuestionamientos por la falta de compromiso con la que la Argentina aborda el tema.

Morales, en la carta dirigida al GAFI, afirma que las averiguaciones sobre el origen de los fondos que reingresaban fue "limitada", de modo que "la ley garantizó la inmunidad para el blanqueo de esos fondos". La ley establecía que la AFIP debía exigir la presentación de una declaración jurada en la que se asegurase que el monto por repatriar tenía una fuente lícita y, también, un certificado del banco extranjero donde estaba depositado el dinero.

"Pero una cosa es la letra de la ley y las normas para luchar contra el lavado de dinero si las oficinas no controlan su aplicación", dice el pedido de informes dirigido a Sbattela.

"No sabemos si Sbatella hizo algo al respecto. Pero ni la UIF ni la Jefatura de Gabinete, hasta ahora, nos contestaron los pedidos de informes", dice Morales. El pedido a la UIF fue hecho el 30 de junio.

Secreto fiscal

Cerca de Sbatella, sin embargo, aseguran que, si bien aún no respondieron el pedido de informes, los bancos reportaron como operaciones sospechosas unos 600 casos y que ahora, el BCRA está solicitando a los titulares de esos fondos si pueden justificar adecuadamente el volumen de sus movimientos y, en muchos casos, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal.

"Muchas de esas operaciones terminarán siendo denunciadas al fiscal", dicen en la UIF.

Los radicales también cuestionan a Sbatella porque se presenta como querellante en algunas causas -normalmente, en las que tienen más voltaje político-, mientras que no lo hace en otros casos. "La UIF debe establecer si hay un criterio para determinar cuándo se presenta como querellante, para evitar arbitrariedades", dice Morales.