El sector público de la salud mental sufre desde mediados de la década de los ‘90 los efectos de políticas de ajuste y desinversión que llevaron la situación de muchos efectores a un estado de extrema gravedad.

Los medios hacen llegar periódicamente a la opinión pública las imágenes de una situación conocida y padecida, tanto por los trabajadores del sector como por los usuarios, que quedó ampliamente reflejada en las presentaciones desarrolladas en la reciente Jornada de Reflexión y Debate convocada por la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos.

La Ley Provincial de Salud Mental, sancionada a fines de 2010, no es un marco normativo que legisle sobre la “locura”, la enfermedad mental o los pacientes psiquiátricos.

Al contrario, garantiza de manera universal a todos los ciudadanos el derecho a la salud mental y responsabiliza al Estado en cuanto a su obligación de diseñar las políticas que lo hagan posible.

Para lograr sus objetivos, la ley obliga a una fuerte inversión de recursos públicos. Sin embargo, de los datos oficiales se desprende que la tendencia se mantiene de manera decreciente (año 2009: 6,26 por ciento; 2010: 6,21 por ciento; y 2011: 6,19 por ciento del total de presupuesto de salud para salud mental).

Sin mecanismos. Tampoco se ha avanzado con la instrumentación de ningún mecanismo de financiamiento que les permita a los municipios y comunas asumir las tareas a las que están obligados a partir de la nueva ley.

El tiempo de la discusión sobre qué debe hacerse con la salud mental de Córdoba ha terminado.

Tanto la ley nacional como la provincial definen claramente el consenso mayoritario a nivel nacional e internacional sobre la materia.

De lo que se trata hoy es de que nuestra autoridad sanitaria nos diga cómo y cuándo comenzará a cumplir con aquello que obliga la ley: invertir en salud mental.