Los laboratorios de Bariloche y Cipolletti están incluidos en un plan estratégico impulsado por los procuradores de todo el país.
En su momento, este diario advirtió la demora en la apertura de las instalaciones locales y que, de acuerdo a fuentes oficiales, fue producto de la carencia de personal especializado y la necesidad de cumplir con los concursos que se abrieron a principios de año.
Por su parte, la procuradora general del Poder Judicial de Río Negro, Liliana Piccinini, destacó que el esquema de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense es el primer proyecto federal que fue gestado por el Consejo Federal de Política Criminal y diseñado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina con el firme propósito de aportar al mejoramiento del servicio de justicia de los poderes judiciales provinciales. Los representantes del Ministerio Público, junto a expertos de distintas provincias, acordaron que la propuesta se implemente en puntos estratégicos del país con el fin de regionalizar la experiencia.
El 22 de abril de 2010 se dio el paso inicial para los laboratorios con la firma de un convenio por 54 millones de pesos. Del acto participaron la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derecho Humanos; el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que en aquel entonces estaba presidido por Piccinini; y, el Consejo Federal de Política Criminal.
En una primera etapa, Nación adjudicó al Consejo de Procuradores 15 millones de pesos que fueron girados en dos entregas. Las remesas permitieron la compra del equipamiento para los laboratorios regionales del Noroeste con sede en Salta y Subsede en Jujuy; el de Cuyo con base en Mendoza; los laboratorios de la zona Patagonia Norte, y la primera parte de los laboratorios de la provincia de Buenos Aires en Junín, Lomas de Zamora y Vicente López.
En junio del año pasado y con el fin de dar continuidad al megaproyecto, las partes firmaron una addenda al convenio mediante el cual el gobierno, asignó a los Procuradores un poco más de 19 millones.
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