El gobierno provincial y once municipios chaqueños firmaron ayer un convenio para la construcción de Centros de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.
El monto total convenido con los municipios asciende a 12 millones pesos, fondos que provienen del acuerdo firmado entre la Secretaría de Ambiente de la Nación -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- y la provincia del Chaco.
Las localidades beneficiadas son Fontana, Puerto Tirol, Villa Angela, General San Martín, Juan José Castelli, Machagai, Charata, Pampa del Infierno, Colonia Elisa, La Leonesa y Corzuela; que se suman a Makallé que ya firmó el convenio anteriormente por lo que el proyecto ya se encuentra en ejecución.
Encabezó la firma de convenidos el gobernador Jorge Capitanich quien estuvo acompañado de los ministros de Planificación y Ambiente, Raúl Codutti y de Desarrollo Social, Beatriz Bogado; los subsecretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Antonio Casas y de Desarrollo Regional y Local, María Lina Serrano y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Aguilar. Además participaron los diferentes jefes comunales de las localidades que rubricaron los acuerdos.
A su vez, las comunas se comprometen a efectuar el cierre y saneamiento de los basurales a cielo abierto existentes; aportar el terreno para la construcción de las plantas de tratamiento de RSU; realizar por sí mismos o por terceros, en un plazo máximo de 180 días a partir del acta de inicio, la obra civil para la construcción de la planta; y presentar el estudio de impacto ambiental.
Las plantas, si bien difieren en las especificaciones técnicas de acuerdo con cada Municipio, contarán con equipamiento para la selección y recuperación de desechos, celdas para disposición final de residuos no recuperables en relleno sanitario, cañería de extracción de líquidos lixiviados y sistema de venteo de gases. Además, el perímetro de los predios contará con cortinas forestales perpendiculares a los vientos predominantes.
Estas acciones estarán acompañadas por tareas que garanticen la inclusión social de los trabajadores informales de la basura. Además, el Ministerio de Planificación y Ambiente informó que ya dispone de otros 15 planes de inversión, para el próximo grupo de municipios, que verán solucionados sus problemas de disposición final de los residuos domiciliarios en el 2013.
Política ambiental
Capitanich recordó en este sentido que ya en enero se fijó una agenda ambiental dentro de la cual se instituyo una emergencia -con plazo prorrogable- para trabajar en dos temas, que tuvieron un soporte y andamiaje jurídico, la Ley de Biocidas y la de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. “Se estableció así un marco regulatorio adecuado en dos cuestiones que tienen incidencias e impacto ambiental”, consideró.
En cuanto a las plantas de tratamiento de residuos sólidos el gobernador anticipó que antes de fin de año se inaugurará la primera, en Makalle y en el primer semestre del año que viene el resto. Destacó que se dará solución a 31 municipios, a lo que consideró un hallazgo importante, ya que entre ellos acordaron generar tratamiento conjunto a partir de un terreno de uso común. “Es importante porque vamos a avanzando y queremos que este instrumentando en toda la provincia con tecnologías apropiadas para garantizar la mitigación del impacto ambiental adverso”, manifestó.
El caso de Resistencia
Respectó al caso de Resistencia particularmente Capitanich confirmó que se trabaja en una preliminar, en el estudio del impacto ambiental, ya que se identificó el terreno donde podrán ser depositados los residuos. Una vez concretado el análisis se establecerá, según anunció, la estrategia para garantizar un modelo de inversión y resolver el problema.
Por otro lado remarcó la necesidad de trabajar paralelamente en planificación territorial y ordenamiento urbano ya que hay en muchos municipios que accionar con ordenanza de carácter estructural para optimizar el uso del espacio físico y mitigar efectos negativos en las zonas periurbanas que son las que absorben todos los problemas.
“Además tenemos una agenda pendiente para avanzar en otras cuestiones estructurales como un código ambiental”, explicó Capitanich y destacó que se enviará antes de fin de año a la Cámara de Diputados un proyecto al respecto. “Será un avance cualitativo en marco regulatorio”, anticipó y aseguró que prioritario generar estrategias para resolver algunos problemas generados por las desmotadoras de algodón y demás plantas industriales.




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