En el análisis del estudio de costos oficial que sustenta el pedido de incremento del 30% (de 3,20 pesos a 4,15 pesos) de la tarifa de ómnibus, concejales opositores de la UCR, Integración Ciudadana y Unión Pro advirtieron que definirán si aprueban o no la suba teniendo en cuenta la evolución salarial de la población y su poder adquisitivo.

Si bien no es la primera vez que concejales dicen que se tiene en cuenta la situación económica de los usuarios al momento de estipular un aumento, nunca antes se habían cotejado números y planillas oficiales proporcionadas por sindicatos o solicitadas al ministerio de Trabajo.

Según advirtieron algunos de los ediles consultados, esto se debe a que el incremento del 30% supera la inflación real, calculada en 24 puntos por los opositores, y la que el gobierno nacional sostiene mediante los resultados del INDEC, así como los ajustes en los sueldos conseguidos por distintos gremios en las últimas paritarias.

Roberto Ursino, presidente del bloque radical, cree que la suba planteada por el Ejecutivo impactará fuertemente en el bolsillo de los usuarios.

Con una planilla del sindicato de Empleados de Comercio, dijo que quienes realizan cuatro viajes por día son, en la mayoría de los casos, trabajadores en relación de dependencia y estudiantes.

"Ellos, si pagaran la tarifa más baja, de 4,15, terminarían gastando 365 pesos al mes; si viven más lejos y deben abonar 4,65 pesos, gastarían 409 pesos. Y si son de Cerri, 435 pesos.

"Esto significa aproximadamente el 10% del sueldo de un empleado de comercio, que ronda los 4.500 pesos. Además, el gremio consiguió en las últimas paritarias una suba salarial de alrededor del 25%, fijando acuerdos que estarán vigentes hasta mayo de 2013", señaló el concejal.

Más allá de la disparidad que manifiesta, Ursino dijo que "quizás haya que retocar la tarifa" en la medida que los micros cumplan con la frecuencia y los horarios, entre otras exigencias del pliego.

"Un 30% es mucho, yo creo que podríamos llegar hasta un 15% aproximadamente", dijo el edil, quien aclaró que esa es una opinión personal y no del bloque que representa.

Advirtió que se tendría que definir un indicador que represente la evolución salarial de la población, con el cual se pueda confrontar el estudio de costos tarifario.

"A partir de las disparidades, se podría avanzar en alternativas, como subsidios municipales o al gasoil. El servicio de ómnibus es una prioridad de la Municipalidad, pero no puede privilegiarse por sobre los intereses de la población", aseguró Ursino.

"Una barbaridad"

Cristina Molina, edil de la bancada de Unión Pro, sostuvo que es necesario subir el boleto pero que un incremento del 30% le parece "una barbaridad".

"Si desde el último aumento otorgado en junio hay que subir la tarifa un 30%, la Municipalidad reconoce que la inflación es muy superior a los que dice la Nación. Siempre se trató de equiparar el estudio de costos con lo que la gente puede pagar. Por eso, primero analizaremos el estudio de costos. Una vez definido, empezaremos a ver si la gente puede pagar", recalcó.

Dijo que es necesario llevar a cabo una reunión con Fabián Lliteras, secretario de Gobierno comunal, para tener garantías de que los usuarios, si tienen que pagar un reajuste, vayan a viajar en colectivos aptos.

Así lo destacó en alusión a la renovación de las unidades que debe realizar Rastreador Fournier, para evitar tener un parque automotor con una antigüedad superior al tope de 5 años, lo que le impediría obtener el subsidio de Nación y 30 centavos de la nueva tarifa.

Preguntas de IC

El titular del bloque Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, presentó un proyecto de resolución mediante el cual le solicita a la delegación local del ministerio de Trabajo datos sobre los incrementos en porcentajes de sueldos en nuestra ciudad, desde mayo hasta octubre.

Su compañero de bancada, Raúl Ayude, dijo que, tras la lectura del estudio de costos, les llamó la atención la ausencia de un subsidio municipal, que este año significó 6 millones de pesos, "por el transporte gratuito de algunas personas", como la ponderación de 600 mil pasajeros menos por año, sobre un total de 25 millones.

"Con este aumento, los pasajeros absorben el subsidio que venía pagando el municipio. Esto es la realidad que nos marca el estudio de costos", dijo el edil.

"Pera se tendría que ir de Bahía"

El concejal por el Frente Amplio Progresista (FAP), Manuel Mendoza, respondió a las críticas realizadas por el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Ricardo Pera, quien sostuvo que el edil "es un mamarracho que se opone a todo sin saber de qué se trata", en referencia a su negativa a otorgar un aumento en el pasaje de colectivo.

"Si yo soy un mamarracho, Pera se tendría que ir de Bahía, ya que defendió a Plaza hasta que a esa empresa se le terminó el contrato. Es el primer gremialista que quiere que los precios suban porque defiende a la patronal y no a los usuarios", contestó.

Luego fundamentó que su negativa al aumento del boleto a 4,15 pesos es porque a ningún trabajador, incluidos los choferes de colectivos, le incrementaron los sueldos en el mismo porcentual.

"A Pera le duele la cabeza cada vez que lo hacemos pensar. Uno dice cosas para que el otro piense, pero a él le agarra dolor de cabeza. Tendría que estar pensando cómo hacer que suba más gente al colectivo en lugar de defender los aumentos", aseveró.