Hay expedientes que suelen avanzar con premura y otros que parecen detenerse en los vericuetos de la Administración pública. Este último caso parece ser la denuncia contra el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, que debería estar analizando el Jury de Enjuiciamiento.

Pero, de hecho, los miembros de ese tribunal no han sido notificados aún de la audiencia en la que se decide si se admite la denuncia o se desestima. Y la presentación contra De Rosas se concretó el 4 de abril.

Juan Carlos Jaliff es miembro del Jury. Él dice: "No he sido notificado de ninguna actuación referida al fiscal de Estado".

Esa escueta declaración encierra un velado reproche al presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, quien también preside el tribunal que entiende en las destituciones de jueces y funcionarios que asumen con acuerdo legislativo.

Es que la Ley 4.970 establece en su artículo 19 que, una vez presentada la denuncia contra el funcionario, el presidente del tribunal verifica el cumplimiento de exigencias formales, "si no fuera así, lo emplazará (al denunciante) por cinco días para que cumplimente, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido en la presentación".

En el caso de la presentación contra De Rosas hubo un incumplimiento formal: los denunciantes encabezados por la diputada amstutcista Patricia Gutiérrez, no incluyeron una fotocopia de la presentación que es la que debe ser trasladada al acusado, en caso de que el Jury decida abrir el proceso y darle vista a De Rosas.

Siempre teniendo en cuenta de que la denuncia fue presentada el 4 de abril pasado, la diputada Gutiérrez fue notificada de las fotocopias faltantes recién el día 23 de abril.

El 24 de abril, Gutiérrez presentó las copias en el Jury. De acuerdo al mismo artículo 19 de la ley 4.970, "cumplidos estos requisitos el presidente del Jury convocará al Cuerpo dentro de cinco días, para una sesión secreta que tendrá por objeto examinar la procedencia de la acusación, si los cargos que la presentación contiene constituyen causa suficiente".

Ya estamos a 21 de mayo y la reunión para admitir o desestimar la denuncia aún no tiene lugar.

Días atrás, los miembros del Jury fueron notificados de una reunión para el próximo jueves. Los motivos del encuentro son dos: uno, es la destitución del fiscal Fernando Giunta y analizar si procede la denuncia contra el juez de ejecución penal Eduardo Mathus.

Casos calientes

El caso de Giunta no tiene mucho en común con el de De Rosas; se trata del fiscal que supuestamente consiguió una declaración fraudulenta en el caso de la muerte del chiquito de diez años Matías Cardozo.

La otra causa está en estado similar a la de De Rosas y es llamativa la diferencia de velocidad de avance: la denuncia contra Mathus fue presentada el 7 de mayo pasado por el diputado Daniel Cassia (Peronismo disidente).

La acusación que pesa contra el magistrado es por mal desempeño en el otorgamiento de beneficios a los presos. Y el jueves 24 de mayo el tribunal decidirá si la acusación es procedente o no.

Es cierto que la causa Mathus quema. Cassia la presentó acompañado por los senadores Gustavo Valls y Gustavo Cairo, y con la firma del padre de Matías Quiroga, el chico que fuera asesinado después del robo en el estacionamiento del Carrefour de Godoy Cruz.

Y su presunto asesino habría sido pasado a fase de confianza en la granja penal de Gustavo André por Mathus, de donde se fugó para luego protagonizar el crimen.

Pero llama la atención la demora de más de un mes en el caso del fiscal de Estado. Y entonces aparecen las suspicacias acerca del tenor de las acusaciones contra De Rosas, varias de ellas rozan de cerca al empresario Daniel Vila.

Los dos casos deberían ser ventilados profusamente durante un eventual proceso. Tal vez por eso hay tanta lentitud a la hora de avanzar.