Los hechos habían acaecido entre 1993 y 1998, cuando tres miembros de la comisión ejecutiva de aquella asociación sindical –pero de la seccional Mar del Plata- recibieron partidas de dinero, gracias a un acuerdo con el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires. En el marco del programa bonaerense Solidaridad, la provincia debía financiar un complejo habitacional de unidades. Los acusados son los hermanos Jorge y César Trujillo, junto con Héctor Sinecio Vargas, quienes ocupaban los cargos de secretario general, secretario adjunto y secretario de Finanzas y tesorero de la UOCRA. Ellos suscribieron el convenio violando sus deberes, y sin contar con autorización del organismo central.

La denuncia, realizada en 1999, indicaba que los nombrados obtuvieron a través de maniobras fraudulentas un lucro indebido, toda vez que recibieron del Instituto de la Vivienda la suma de $677.342, cuando el valor global de las viviendas construidas es de $196.787. Es necesario considerar que los valores mencionados datan de una fecha en que regía paridad uno a uno entre pesos y dólares.

Las casas en cuestión fueron entregadas sin terminar, y realizadas con materiales de inferior calidad que los presupuestados. Se sabe que no contrataron mano de obra específica, y que además muchos de los adjudicatarios debieron pagar una suma de dinero mensual a los administradores de los fondos, cosa que no estaba prevista en el convenio. Numerosas pericias han demostrado que algunas viviendas no tenían escalera, sanitarios, grifería ni cañerías de gas y agua. Los gastos de finalización corrieron por cuenta de cada propietario.

Por otra parte, no son aquellos los únicos acusados en la causa, sino que para que los hechos pudieran realizarse ha sido necesaria la participación cómplice de una serie de arquitectos que se desempeñaban como auditores del Instituto Provincial, quienes habrían firmado certificados falsos para que el organismo de financiación continuara girando los fondos a la UOCRA Mar del Plata. Así es que, después del la investigación, resultan hoy llevados a juicio por fraude y falsificación de instrumento público José Luis Aloisi, Mario Oscar Aued, Norberto Lemmi y María Marta Alconada por llevar a error al organismo, al confeccionar y presentar presupuestos de construcción con cómputos falsos, certificados de avance de obra que no se correspondían con la realidad y certificados de final de obra, cuando las casas no se encontraban terminadas.

Negocio permanente

Durante todos estos años, los hoy acusados pusieron a trabajar a sendos abogados defensores encargados de recurrir todo lo posible. Las solicitudes que se reseñan en la causa apelan a toda clase de estrategias para conseguir, no solamente la nulidad de todo lo actuado, sino el sobreseimiento de cada uno de los nombrados, a las cuales el juez Errandonea no ha dado lugar en la mayor parte de los casos. El beneficio alcanzó únicamente a Joaquín Ricardo Gómez y a Vicente del Hoyo, que formaban parte de la lista de acusados por el fiscal Juan Facundo Gómez Urso.

Mientras mantenían la causa en suspenso, los Trujillo tampoco descansaron. Cuando fue noticia la toma de las viviendas inconclusas del Plan Dignidad, se supo que detrás de este proyecto de construcción cargado de irregularidades estaban también los dirigentes de la UOCRA, aunque escudados en nombres de fantasía. Después del episodio de Miramar, mejoraron sus ardides y formaron una ONG llamada Trabajar, con la cual volvieron a administrar dinero proveniente del Estado.

El programa Dignidad tenía la finalidad de construir unidades habitacionales para reubicar a los habitantes de las viviendas precarias asentadas en la avenida Paso de esta ciudad, bajo la forma de una villa de emergencia. Fue proyectado como un mecanismo de acceso a la vivienda para personas de escasos recursos, que implicaría a la vez una acción de creación de empleo.

Las tareas se distribuirían así: el Instituto financiaría el emprendimiento, controlaría y dirigiría a la entidad intermedia Trabajar. La municipalidad sería quien prestaría el apoyo logístico, técnico y organizativo, en tanto que la asociación civil Trabajar se encargaría de promover el emprendimiento, y cumplir las órdenes impartidas por el Instituto.

Pero según la resolución 2260, el dinero para las obras era aportado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la ONG se comprometía a reintegrarlo en un plazo de 360 meses, contados a partir de la terminación de la obra, sumando un interés del 1% anual. Esto significa que las viviendas deberían ser pagadas por los futuros adjudicatarios.

La asociación civil fundada por los Trujillo asumió la obligación de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, conservar la documentación de los gastos, rendir cuentas e informar a la autoridad sobre el avance y finalización de cada una de las etapas previstas en el plan, así como de toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto.

Debía recibir inspecciones, y prestar la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo. Pero a diferencia de lo sucedido con el caso de Miramar con las complicidades de los profesionales, jamás hubo de parte del Estado provincial o municipal un control del proyecto. Tampoco las autoridades del Instituto de la Vivienda observaron la ejecución de las obras, ni la efectiva aplicación de los fondos asignados.

Pero si se revisan los documentos que todos debieron haber visto, los estatutos constitutivos de Trabajar dicen que ha sido creada para promover el progreso laboral, capacitar, realizar acuerdos, solicitar apoyo para la formación de los trabajadores y demás tareas por las que hoy los sindicalistas son notoriamente condecorados. Pero en ningún caso se habilita a la entidad para contratar con el Estado, manejar fondos públicos o construir viviendas. Por eso, jamás presentó un balance ni se reinscribió en la Dirección de Personas jurídicas.

De más esta decir que los funcionarios públicos involucrados en este caso concedieron livianamente un préstamo de dinero público a la asociación sin tomar los mínimos recaudos respecto de los antecedentes de sus integrantes, ya que las mismas personas eran denunciadas e investigadas desde 1999 por el Juzgado de Garantías Nº 2, imputadas de los delitos de administración fraudulenta, fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público y uso de documento público adulterado, en el plan de Miramar.

Las cucardas

Pero esta semana, mientras la defensa de los imputados se notificaba de la resolución del Juzgado de Garantías por la cual irían a juicio, el Concejo Deliberante de Mar del Plata otorgaba a la UOCRA Seccional Mar del Plata la distinción al Servicio Social, por considerar su “destacada tarea al servicio de la comunidad, desarrollada a través de su Centro de Formación Profesional nº 407, Santos Pedro y Cecilia”.

Estuvieron presentes el presidente del HCD, Marcelo Artime, y el titular del Consorcio Portuario, Eduardo Pezzati, quien al momento de desempeñarse como edil había impulsado la iniciativa. Juntos distinguieron a los hermanos Trujillo, hoy acusados formalmente de estafar al Estado al menos una vez.

Los intocables son así. Si bien usted puede ir al registro del Veraz por no cumplir con un simple impuesto inmobiliario, los que gozan de estos privilegios pueden estafar en una oficina del Estado y recibir premios en otra. Intocables de verdad.