Los empleados de la Caja Popular de Ahorros, con el respaldo de la Asociación Bancaria, enviaron cartas documento a funcionarios y legisladores en el marco del plan de acción contra el proyecto oficialista. Dicen que los trabajadores de la Caja Popular están dispuestos a asumir el costo financiero para retener la institución.
Mediante sendas cartas documentos, el gremio bancario intimó a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, para que se revise la idea de que el Gobierno tome posesión definitiva de la entidad deportiva, cuyos propietarios son los trabajadores de la Caja Popular de Ahorros (CPA), y a los fines de que informen sobre la real situación del club.
Así lo confirmó a EL SIGLO el titular de la AB, Eduardo Bourlé, quien precisó que las intimaciones fueron remitidas al interventor del Club, Carlos Federico Rodríguez Herrera, a la Dirección de Personas Jurídicas (intervino la entidad en octubre de 2011), al fiscal de Estado, Jorge Posse, al presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, y al legislador alperovista Guillermo Gassenbauer, autor del proyecto.
El sindicalista sostuvo que "acá hay responsabilidades compartidas entre quien tuvo en sus manos la conducción del Club en los últimos meses, desde que fue intervenido en octubre de 2010, y quienes tendrían que haber controlado que cumpla su tarea de normalizar la situación de la entidad para devolverlo a sus únicos y verdaderos dueños, como son la Dirección de Personas Jurídicas y la Fiscalía de Estado. ¿Hubo un incumplimiento de deberes de funcionario público?", lanzó Bourlé.
El dirigente de la AB advirtió que "este proyecto de expropiación del Club Caja es inconstitucional, porque apunta a arrebatárselo a los legítimos dueños, que son los empleados de la CPA, lo que debe evitarse".
Además, planteó que "es necesario frenar esta medida, porque quienes condujeron el Club cometieron errores que derivaron en esta situación financiera, y Personas Jurídicas tendría que haber controlado a la intervención para evitar que la deuda trepe a 4,5 millones de pesos".
Bourlé consideró necesario que las autoridades "expliquen qué hizo el interventor de la CPA (Eduardo El Eter) y por qué no se interiorizó sobre la situación del Club para informarle a los socios y para que en 180 días, como se había previsto, sea normalizada la institución. Cuando reinauguraron el club los únicos que no fueron invitados fueron los trabajadores de la Caja Popular. Lo único que hizo el interventor del Club fue preparar el terreno para que el Gobierno se quede con la entidad", sentenció.
El secretario general de la AB dijo que los empleados de la CPA están dispuestos a asumir el costo financiero necesario para mantener la posesión del Club.
"Así como el Gobierno es tan solidario con Atlético y San Martín, dándoles millones de pesos en subsidios, los trabajadores de la Caja están dispuestos a que se les otorgue un crédito y que se les descuente por planilla. No pedimos subsidios ni regalos, como los que reciben otras entidades amigas del PE. Así como el Gobierno está dispuesto a expropiar el Club y a hacer un depósito judicial, por qué no se destina ese dinero a un préstamo a los trabajadores de la CPA para que la institución quede en manos de sus únicos y legítimos dueños", argumentó.
Bourlé sostuvo que "no se entiende por qué le dieron 10 millones de pesos al Club Natación y Gimnasia para remodelar su pileta y hacer una cancha de polo acuático, por qué no se hizo nada para salvar al Club Caja".
El sindicalista agregó que "cuando desde el alperovismo hablan de inclusión en el proyecto no dicen nada de los clubes del Interior o de la periferia, de los centros vecinales, las sociedades de fomento o las bibliotecas, que también pueden servir para sacar a los chicos de las drogas y el alcohol".
Tras preguntarse "¿cuál es el sentido de la expropiación del Club Caja?", Bourlé opinó que "seguramente será el mismo fin que utiliza el gobierno para quedarse por todo o para entregar todo a sus amigos, como se hizo con el ex hotel Savoy, que en lugar de hacerse cargo el Gobierno, decidió dárselo por 50 años a la empresa IVISA, que es contratista de la CPA y que recibió millonarios créditos en los últimos años", lanzó
El referente del gremio bancario anunció que "si es necesario, la Bancaria y los empleados de la CPA vamos a movilizar hacia la Legislatura, porque debemos defender el derecho de los trabajadores, como legítimos dueños del Club. Como empleado con 26 años de servicio en la Caja, conozco con profundidad este Club con historia, de cuya comisión directiva formé parte, a diferencia de este joven legislador Gassenbauer, que no tiene idea de lo que significa para los trabajadores de la institución", sentenció Bourlé, para terminar.
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