Las graves acusaciones del intendente de Bañado de Ovanta (departamento Santa Rosa), Elpidio Guaraz, en relación con que la provincia adquirió vehículos 0KM, pero en vez de ser registrado como patrimonio del Estado fueron puestos a nombre de funcionarios, para luego, una vez que termine su gestión, quedarse con ellos, siguen generando el fuerte malestar en el Gobierno.
En base a esas declaraciones, el siempre polémico intendente kirchnerista dejó de manifiesto que oportunamente realizará presentaciones ante la Justicia para que tome cartas en el asunto, agregando que estos supuestos vehículos a nombre de funcionarios no llevan ninguna identificación que deje en claro que estas camionetas son del patrimonio provincial.
Ante la munición gruesa que lanzó Guaraz involucrando a distintas áreas del Gobierno, el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Eduardo Brizuela del Moral (h), decidió adelantarse a las posibles presentaciones de Guaraz e intimó al jefe comunal de Bañado de Obanta para que reafirme o desmienta sus dichos.
El planteo legal de Brizuela del Moral a Guaraz se concretó a través de una carta documento, que remitió el funcionario al intendente, en la que señala que en virtud de las declaraciones del intendente en Multimedios Unión “referidas a la denuncia pública que vehículos oficiales adquiridos por el organismo a mi cargo no habrían sido registrados como patrimonio del Estado y como contrapartida habrían sido inscriptos a nombre de algunos funcionarios públicos, solicito que en el plazo de 48 horas ratifique o rectifique dichas declaraciones”.
La intimación del funcionario frentista a Guaraz se sustenta en base a que los dichos del intendente “desacreditan y desprestigian a la institución que represento y a los funcionarios que se desempeñan” allí.
Por último, Brizuela del Moral defiende su presentación indicando que en el IPV “existe una plena regularidad en la adquisición y registración de los vehículos que integran su parque automotor”.
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