La empresa, cuya existencia fue cuestionada en el análisis realizado por la Auditoría General de la Provincia (AGP), aparece así por primera vez en libros mandados a imprimir con fondos estatales y esto deja la sospecha sobre el encuadre legal de la contratación que realizó el ex gobernador con esta empresa, y con Cartoon.

Las dos mismas entidades involucradas en la producción de los manuales que repartió el gobierno de Juan Manuel Urtubey, en una contratación en la cual la AGP detectó graves irregularidades.

De la auditoría surge que Inti Raymi, si bien presentó su constitución ante el Juzgado de Minas, nunca terminó el trámite. Por otra parte, se sostuvo que "tampoco fue posible obtener dato alguno sobre la misma en la Unidad Central de Contrataciones (UCC ), Registro de Contratistas y Proveedores de la Provincia, ni en el domicilio que aparece mencionado en los textos, ni en el Ministerio de Educación ni en la Cámara Argentina del Libro (CAL), ni a través de la firma Cartoon SA".

No obstante, se indica que "de la información recabada en la Dirección General de Rentas, se obtuvo copia del contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, constitutivo de `Inti Raymi SRL`". Se indicó que de esta única documentación surgió que la empresa pertenecía a tres personas, "una de ellas accionista también de Cartoon SA y el Dr (Patricio) Colombo Murúa".

Por los manuales que se repartieron en los primeros kits del gobierno de Juan Manuel Urtubey, Colombo Murúa sostuvo ante la AGP "desconozco con qué causa o autorización se incluyó este nombre editorial en los manuales que integraron los kits".

Los manuales de Romero, no distan demasiado de las producciones que aparecieron en los manuales de Urtubey. Pero a diferencia de los del actual gobernador, que fueron repartidos en las escuelas (con groseros errores), de los que mandó a imprimir Romero por cerca de $1.130.900 de pago a Cartoon, algo más de 21 mil ejemplares se encuentran apilados en el depósito que tiene el Ministerio de Educación en la Guarnición del Ejército. Según lo indicado por la AGP en el análisis realizado, "el Ministerio de Educación -firmante de los respectivos contratos- manifiesta desconocer tanto el encuadre legal adoptado como el sistema de contratación seguido".

Frente a ello, es que la Auditoria consideró que la contratación realizada por la gestión del actual senador Juan Carlos Romero "amerita una investigación o estudio posterior de las contrataciones que el Gobierno Provincial haya concretado con la firma Cartoon SA., la distribución de las obras contratadas a dicha empresa en los distintos ejercicios; y la conservación, custodia y guarda de los bienes en depósitos del Ministerio de Educación".

"La Cámara expresó que va a ser preferencial"

La diputada del Partido Propuesta Salteña e impulsora de la auditoria de los kits escolares 2008, Virginia Cornejo, solicitó en la sesión de Diputados de la semana pasada, que el tratamiento de este análisis sea de preferencia, y por lo tanto se pueda tratar en primer lugar en la convocatoria del próximo martes.

"La Cámara (de Diputados), expresó que va a ser preferencial el tratamiento", sostuvo Cornejo. No obstante, y según contó a Nuevo Diario, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, apuntó a Cornejo indicándole que "no hay preferencias" en el tratamiento que se hacen de estos temas en el recinto legislativo.

Las consideraciones se volcaron luego de los reclamos que se hicieron respecto del tratamiento que hizo el cuerpo tras tener en sus manos en análisis que hizo la Auditoría sobre la contratación de la digitalización de archivos por parte de la empresa Plumada, lo cual se concretó en el gobierno de Juan Carlos Romero.

Si bien los fines apuntan en apariencia a encontrar los responsables de las distintas irregularidades, la base sobre la que se funda la disputa tiene más que ver con la pelea política que se genera por la interna entre los justicialistas.

Por el contrario, se teme que en esa misma interna quede entrampado el tratamiento de la auditoria de los kits escolares, que señaló groseras irregularidades en la contratación realizada por el gobierno de Urtubey y que por lo tanto, tocaría en principio a funcionarios que aún se encuentran en la administración pública.

Al respecto, Cornejo entendió que es necesario que la Cámara trate esta auditoria en la sesión del martes como uno de los primeros puntos, porque teme que de lo contrario "nos dejen sin quórum".