Desde la CICOP Mar del Plata objetaron las declaraciones del Ministro de Salud. Aclararon que no se niegan a atender a personas privadas de su libertad pero aseguran que los hospitales no están en condiciones operativas para afrontar ese convenio.
El funcionario aseveró que “se trata de un derecho constitucional que hay que respetar” y afirmó que “la demanda no es tan significativa como para que se pueda complicar la atención de las áreas de emergencia”.
La delegada de CICOP en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), Mirta Olivero, reconoció la preocupación por el convenio suscripto por el ministro de Salud, Alejandro Collia, y su par de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, para atender a personas encarceladas, argumentando que no hay infraestructura hospitalaria adecuada.
En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3), la dirigente gremial valoró que las autoridades provinciales hayan escuchado el pedido de los organismos de Derechos Humanos en cuanto a que la revisación médica lo haga una institución imparcial y aclaró que la CICOP “reafirma los derechos humanos de las personas detenidas, donde la mayoría no tienen sentencia firme”.
No obstante, entendió que la medida adoptada fue “apresurada e inconsulta” y no permitiría garantizar los derechos que enuncia el convenio.
“CICOP exige que la medida quede sin efecto y comiencen a trabajar con los organismos de DDHH, así como con las organizaciones involucradas en salud y justicia, para encontrar una real solución, para lo cual se necesita disponer de fondos necesarios y ampliar los derechos y cuidados de las personas involucradas”, expresó Olivero.
Para la delegada de CICOP en el Interzonal, si se aplica este convenio “se expone a la comunidad hospitalaria toda, porque los hospitales presentan serias falencias en lo que hace a recursos humanos e insumos, por lo tanto no están en condiciones de garantizar el derecho a la salud a la población general”.
“Esta nueva demanda no va a encontrar personal capacitado para la tarea, ya que requiere de cierta especialización como es el conocimiento de normas nacionales e internacionales si se pretende garantizar este derecho a las personas privadas de la libertad”, añadió.
Otro aspecto que Olivero puso como argumento que condiciona la aplicación de este acuerdo es que el hospital “tampoco cuenta con lo necesario para garantizar la seguridad e integridad física de las personas, tanto las que concurran desde un unidad carcelaria como la de la comunidad en general”.
Cabe señalar que el hospital ya atiende aquellos casos de delincuentes que resultan heridos durante un enfrentamiento y la propia delegada de la CICOP confesó que en determinados casos la situación se torna de difícil manejo producto de la demanda.
Otro interrogante que se plantea está relacionado con el resguardo de la documentación. “Se pide que se lo evalúe cuando ingresa y cuando egresa y no se cuenta con lo necesario para cumplir con este convenio porque las falencias son muchas”, consignó.
Comentá la nota