El titular del Juzgado Federal de Quilmes determinará en las próximas horas la intervención de la concesionaria del Grupo Roggio que tiene a cargo la autopista Buenos Aires-La Plata. La medida llega después que legisladores bonaerenses realizaran una presentación formal solicitando una medida judicial por la ausencia de obras para revertir el deterioro de la carretera.

Ayer, el magistrado convocó a Coviares, a representantes de Vialidad Nacional, del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y legisladores denunciantes a una audiencia pública en la que la empresa concesionaria volvió a reclamar el levantamiento de la medida cautelar que congeló la tarifa de peaje en $ 2,20, y que sigue vigente.

Tras la audiencia, los diputados Mauricio Dalessandro y Gonzalo Atanasof realizaron formalmente una presentación judicial solicitando la intervención de la empresa concesionaria. En el texto, al que pudo acceder LPO, los legisladores sostienen que “la empresa concesionaria no ha presentado un plan de obras y mantenimiento claro, concreto, cierto, ni ha aportado certeza en la manera en la cual ello se llevaría a cabo ni se financiaría”.

Esta avanzada judicial sobre el Grupo Roggio tiene como telón de fondo un feroz enfrentamiento entre la compañía constructora y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Por eso, como adelantó ayer La Política Online, la estrategia de los Roggio es pasar a la órbita del Estado provincial y negociar con Daniel Scioli la continuidad de la concesión que vence en 2017.

Según trascendió, agotadas las vías de comunicación con De Vido, desde el grupo empresario buscan tender puentes con el vice ministro de Economía, Axel Kicillof. La jugada busca tensar la interna en la cima del poder kirchnerista. Sabida es la guerra abierta en el seno del gabinete entre el ministro patagónico y el joven economista de La Cámpora.

El principal escollo que encuentra Coviares para su pase a la órbita bonaerense tiene que ver con las exigencias del propio De Vido. Es que desde Nación quieren que un pase a Provincia incluya también un traspaso de la deuda que hoy la empresa tiene con el gobierno nacional. De este modo, el Daniel Scioli estaría absorbiendo los activos y pasivos de Coviares.

Desde la oposición sostienen que la empresa se niega a llevar a cabo un plan de obras en la autopista como forma de coacción en vías de lograr una continuidad en el contrato. Ayer, en la audiencia pública, representantes de Coviares aseguraron que con la tarifa que se cobra hoy no se pueden hacer mejoras y consideran que la recaudación sólo alcanza para pagar sueldos, no es suficiente como para llevar adelante las tareas de mantenimiento y mucho menos las obras.

Según informaron, el plan de concreción de obras comenzaría en noviembre siempre y cuando se levante la medida cautelar que prohíbe el aumento de la tarifa y se permita cobrar un peaje de $3,50. La propuesta de la empresa fue rechazada de inmediato por los legisladores presentes.