Actualmente los gerentes perciben remuneraciones que van desde los $15.000 hasta más de $25.000. Ningún cargo electivo es reconocido con semejantes cifras. Por eso en las estructuras partidarias ya empezaron a posicionarse los dirigentes que trabajarán en la confección de la ley que dará origen a una nueva empresa estatal sin sacar de sus pensamientos la chance de ocupar algún cargo cuando la prestadora sea efectivamente estatizada.

La decisión de avanzar en la conformación de una sociedad anónima se funda principalmente en la idea de no atar la nueva empresa a la ley de contabilidad de la provincia. Por eso los sueldos que pagará la empresa de agua tras ser estatizada no estarán limitados por los ingresos previstos para el mandatario provincial.

Actualmente, la estructura jerárquica de OSM tiene 45 casilleros ocupados por gerentes y directores. Según información difundida por el diputado Roberto Blanco; 12 de estos cargos fueron creados desde que la empresa fue intervenida por el Estado, hace un año.

Si, como se perfila la discusión, los partidos políticos de Mendoza acuerdan el esquema de sociedad anónima con un 90% de acciones a favor del Estado y el 10% restante a nombre de los empleados, la integración del directorio que regirá los destinos de la compañía será acordada entre los partidos. Es decir, será un nuevo nicho para dirigentes, al estilo de lo que es actualmente el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), de donde provienen el interventor de OSM, Gonzalo Dávila, y el gerente general, Humberto Vallejo.

Durante la gestión de Dávila como interventor la empresa de agua aumentó el gasto en personal en alrededor de 85%, merced al incremento de la planta en más de 30 operarios y de dos aumentos salariales del 25% y 15%.

Decisión tomada

La decisión de estatizar la empresa ya fue tomada hace meses por Celso Jaque y aceptada por el arco opositor. El trabajo pendiente es la construcción del consenso respecto a la estructura que adoptará la compañía bajo la órbita del Estado, algo que debe ser ratificado por ley.

El plan del Gobierno es presentar en el corto plazo un proyecto que establezca las líneas generales que deberá respetar la estructuración de la nueva compañía. Para eso pretende incorporar una cantidad de aportes opositores que garanticen consenso sin modificar el grueso del plan oficial.

La tarea en ese sentido no será fácil. De entrada, el Frente Cívico Federal, que condensa a los radicales con el CONFE y los partidos aliados al vicepresidente Julio Cobos, le marcó la cancha al Gobierno. Pidió que desde ahora hasta fin de año se produzca el proceso de debate que desemboque en la creación de una nueva empresa estatal.