En una conferencia de prensa convocada ayer, referentes de los distintos sectores gremiales recordaron que el próximo lunes “se iniciará en La Pampa el juicio a quienes implantaron y actuaron en la represión ilegal en nuestra provincia a partir de la usurpación del poder político acaecida con el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo del ’76, como parte de un plan político que permitiría la aplicación de políticas neoliberales y con ellas el plan de ajustes para todos los trabajadores”.

“Los hechos acontecidos a partir de esa fecha, formaron parte de un plan preconcebido sistemáticamente que incluyó: la desaparición de personas, estrategias de secuestro, detención, tortura, vejámenes, vigilancia de personas; supresión de derechos y garantías constitucionales; imposición de un ’Estado de Reorganización Nacional’, del estado de sitio, de la pena de muerte”, señaló un documento difundido ayer.

Ese documento hizo referencia, desde ya, a los delitos de lesa humanidad “aberrantes desde todo punto de vista”, señalando que en La Pampa “se secuestraron personas, se las tuvo ilegítimamente en cautiverio sin que mediara ningún tipo de proceso judicial y acción condenatoria, personas torturadas, mujeres violadas y sometidas a abortos, degradadas física y moralmente, muchas de las que a posteriori, y a consecuencia de los maltratos recibidos perdieron su vida o la vieron perjudicada para siempre. También en La Pampa, de ese nefasto período, datan NN (cementerio de General Pico) y personas que aparecieron sin vida en circunstancias nunca aclaradas (La Adela)”.

“Lo expuesto a modo de síntesis -dice la Intersindical- da cuenta de que en nuestra provincia ocurrieron las mismas cosas que en el resto del país, estando integrada la Provincia, a los efectos operativos, bajo el Comando de la Zona 1 (Primer Cuerpo de Ejército), Subzona 14, y bajo el plan represivo nacional sistemático, que se inició en La Pampa el mismo 24 de marzo de 1976, para prolongarse por todo el tiempo que duró la dictadura militar”, reseñaron los sindicatos.

“Como consecuencia de esto y mediante el accionar del aparato represivo y de terror que se pone a andar en todo el país, miles de compañeros trabajadores, delegados y dirigentes sindicales fueron perseguidos, detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos. Así también otros tantos fueron declarados ’prescindibles’, privados de su sustento de un día para el otro y condenados abruptamente a las sospechas y al relegamiento social. Es por eso que no podemos permanecer al margen, ni ajenos a este hecho histórico que, esperemos, sea justo y reparador. Y es por eso que declaramos públicamente nuestro interés por el juzgamiento que se inicia”, añade el documento.

“Quienes actuaron ilegalmente, conducta que no se puede juzgar bajo ninguna figura -ni obediencia debida, ni punto final, ni olvido-, tendrán la oportunidad que no tuvieron sus víctimas: un proceso legal en el que se juzgará su accionar. Acompañaremos este Juicio, con nuestra presencia en las audiencias, y con las acciones que organice la Multisectorial, pero por sobre todo con nuestra solidaridad y apoyo moral a las víctimas”.