Dos grandes empresas internacionales pujan por la construcción de la termoeléctrica Guillermo Brown, en General Daniel Cerri, cuyo proyecto fue analizado ayer en audiencia pública realizada en el Aula Magna de la UNS.

Según datos obtenidos por este diario, por un lado aparece la alemana Siemens y, por el otro, la brasileña Odebrecht junto con la estadunidense General Electric. En ambos casos las ofertas superaron los 300 millones de dólares para ejecutar la primera etapa.

Durante el debate público de la víspera, y tras las explicaciones iniciales de Milton Pérez, gerente general de la firma inversora AES Argentina, se escucharon críticas, entre otros puntos, sobre el uso de combustibles fósiles, los aportes de dinero estatal para la realización de la planta y la contratación de docentes de la UNS para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa.

Por otra parte, se puso sobre relieve la generación de empleo a partir de esta inversión, los resguardos medioambientales para minimizar su impacto y la provisión de energía para el desarrollo, no sólo de la región, sino del país.

La sala de la avenida Colón 80 estuvo colmada por vecinos, políticos locales, referentes de la actividad portuaria, estudiantes, docentes y miembros del sindicato de Luz y Fuerza, quienes fueron en buen número a apoyar la ejecución del proyecto.

El encuentro fue presidido por el coordinador ejecutivo de Fiscalización Ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Carlos Alberto Olivera.

El gerente general de AES arrancó su presentación explicando que se prevé construir la planta en Cerri, junto al predio que ocupa TGS, porque en ese punto pueden abastecerse con tuberías de gas a gran escala, líneas eléctricas y un muelle para inflamables en Puerto Galván.

Pérez mencionó, entre los beneficios, la creación de empleo, el desarrollo de proveedores de productos y servicios locales y generación de energía "con la tecnología más moderna a nivel mundial". También dijo que se realizarán campañas de responsabilidad social empresaria.

Aseguró que en Cerri (a 4 kilómetros de distancia) no habrá más ruido que el habitual, que no se afectará el aire de la localidad y que la planta no utilizará agua mientras opere con gas natural, salvo cuando "en invierno" trabaje con gasoil o biodiesel. En este caso, dijo que usarán agua no apta para consumo humano y que los excedentes serán vertidos en el arroyo Saladillo de García, "a temperatura ambiente y con una calidad similar a la de dicho curso".

Hubo 43 expositores

Tras la disertación de la empresa, comenzaron a dar su opinión los inscriptos en la lista de alocuciones. Según se indicó, hubo 57, aunque finalmente 43 terminaron haciendo uso de la palabra.

En primer término, habló Gustavo Burachik, docente de Economía de la UNS, quien criticó el financiamiento de la obra que, según resumió, se basa en un acuerdo entre el ministerio de Planificación y AES, a partir de la cancelación de una deuda del Estado con la empresa.

"No hay un solo dato de la naturaleza de esta deuda y no se la aclara para que sea evaluada por la población. Según los medios y lo que he alcanzado a averiguar, esta deuda no proviene de la falta de algún subsidio para solventar los costos operativos de AES --en otras plantas del país--, sino, aparentemente, de la falta de subsidios para el margen de beneficios de la empresa.

"Hay que conocer el origen de la deuda porque estamos construyendo una planta con fondos públicos, para entregarla a una empresa privada, de origen extranjero", expresó.

Burachik también cuestionó la manera en que se vinculó a la UNS en la exposición de AES.

"No hubo una convocatoria abierta al conjunto de todos los docentes de la universidad. Aparentemente, a algún departamento se le pidió que haga un trabajo pago. Me parece que ése es un procedimiento inadecuado y considero que, como consecuencia de esto, el estudio realizado en la universidad, citado en la presentación, no le agrega ni una molécula de objetividad al estudio de impacto ambiental.

"La universidad debe participar pero formando una comisión abierta, donde todos los docentes tengan la posibilidad de estar", opinó.

Eugenia Favarel expresó sus temores en cuanto a los controles que desde la Municipalidad se puedan ejercer sobre la futura planta.

"Estamos en un municipio donde los controles son tan pobres que ni siquiera sirven para evitar que se mueran personas en Petrobras, para garantizar el suministro de agua, para ordenar el tránsito, ni siquiera puede controlar la probidad de sus funcionarios. Como vecina y madre, temo por estos controles que van a faltar", expresó.

Ante los medios

Mientras los primeros expositores se oponían a la ejecución del proyecto, en la antesala, y fuera de la formalidad de la audiencia, Fernando Pujals, presidente de AES Argentina, brindaba explicaciones a la prensa.

Sobre el financiamiento de la obra, que demandará una inversión de 900 millones de dólares, explicó que el Estado nacional tiene una deuda con AES y otras firmas generadoras de energía. Teniendo en cuenta ello, dijo que "la Nación se comprometió a cancelar esa deuda y nosotros, a invertir en una nueva planta".

"Esto es colaboración entre el Estado y los privados. Desgraciadamente, hay gente que piensa que no tendría que existir la colaboración sino la pelea, pero bueno, son visiones políticas de las cosas", indicó Pujals.

En cuanto a la utilización de los denominados combustibles fósiles, dijo que cuando se define una matriz energética, ésta debe ser diversa.

"Se tienen que utilizar energías renovables, como la hidroelectricidad y el viento, pero también combustibles fósiles, porque no siempre se tiene todo el agua o todo el viento necesarios. Todos queremos que la luz se prenda en las casas, pero cuando no hay viento y sequía, se utilizan combustibles fósiles", destacó.

A favor del proyecto

Cuando le tocó el turno, Carlos Rodríguez, representando a la Unión Industrial de Bahía Blanca, dijo que el país necesita encontrar soluciones urgentes a los problemas de energía.

Aclaró que en la entidad no están en contra de la energía eólica, pero destacó que ésta requiere una planificación de mayor tiempo para su implementación y el país está necesitado, en el corto plazo, mantener el suministro de energía eléctrica para las industrias y las viviendas.

"Estamos de acuerdo con que se tomen medidas urgentes para la generación de energía eléctrica y la puesta en marcha de estos proyectos es rápida. En tanto, el gobierno sigue estudiando alternativas a la generación de energía térmica.

"Vinimos acá a decirle sí a este proyecto, tras haber estudiado, en forma particular, el impacto ambiental", expresó.

Finalmente, dijo que si no se ejecutan proyectos como el de AES porque genera impacto ambiental --"las personas también generan un impacto ambiental", dijo--, Bahía Blanca va a tener muy pocas posibilidades de desarrollo.

"Este proyecto no da sólo respuestas a la ciudad, sino al país", señaló Rodríguez.

Rispideces

Luego de un intervalo, la mayoría de los expositores se promulgó en contra de la radicación de la central.

De los 23 inscriptos que se presentaron tras el descanso, sólo 5 lo hicieron a favor de la iniciativa y mencionaron la generación de empleo como primer justificativo para avalarla.

Los 18 restantes, en tanto, criticaron, entre otras cosas, el estudio de impacto ambiental presentado por la firma, las obras complementarias que requerirá la obra e incluso al OPDS, por las actuaciones realizadas en la firma Petrobras y por no emitir su postura con respecto al dragado en Puerto Cuatreros.

Algunos de los discursos fueron fundamentados con datos concretos sobre la actividad termoeléctrica, aunque la mayoría estuvieron basados en cuestiones políticas.

El ambientalista Javier Barrionuevo sostuvo su postura en contra de la construcción de la termoeléctrica, al asegurar que va a contaminar el aire y a generar escasa fuente laboral.

Luego se acercó al subsecretario de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos y le dijo: "Ahora que te tengo enfrente te pido que renuncies. Y además presentate a la Justicia".

El funcionario municipal lo interrumpió y le pidió respeto. El presidente de la audiencia ordenó, entre gritos, proseguir con las fundamentaciones sobre el proyecto, sin emitir agravios personales.

La audiencia continuó con el discurso de Francisco Cabrera Santos, de la agrupación política Encuentro Amplio, quien aludió a una baja cantidad de concurrentes.

"Parece que la empresa sólo pagó media jornada a sus empleados para que vengan", afirmó, de manera irónica.

Después se opuso a la instalación de la termoeléctrica porque, a su entender, sería el primer paso para la radicación de un segundo polo industrial en inmediaciones de la ciudad.

Luego, dos vecinos de Cerri expresaron posturas opuestas.

"Mi pueblo merece tener oportunidades como ésta. Estoy a favor de la iniciativa, siempre y cuando me garanticen la seguridad de mi familia y de los trabajadores", dijo la joven Georgina Blanco.

Francisco Telcar, en contrapartida, aseguró: "No quiero que mi familia respire los restos de gases que eliminan hacia el campo y alrededores este tipo de empresas".

Dudas sobre la fuente laboral

Magalí Olea, ambientalista de la agrupación Ancau, criticó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por AES en varios sentidos.

"Se habla de importancia de las fuentes laborales que se crearán, pero la empresa en ningún punto se compromete a dar el trabajo directo e indirecto a residentes o proveedores locales", indicó.

También hizo referencia a los efectos que generarán los efluentes líquidos y gaseosos que eliminará la central.

Por último, mencionó dos procesos judiciales que la empresa AES tendría en Chile y Puerto Rico, y a dos multas realizadas en 2009 y 2011 en nuestro país, por motivos ambientales.

María Celeste Belén, vecina cerrense, aseguró que "desde la firma se puso mucho énfasis en la creación de puestos de empleo, pero que en definitiva el impacto en ese sentido será de baja magnitud, ya que los operarios contratados al finalizar la obra serán apenas entre 45 o 60. Además, no hay mano de obra calificada en Cerri".

Norberto Ramírez, otro poblador de la vecina localidad, defendió el proyecto al afirmar que lleva 41 años trabajando en usinas de ese tipo.

Explicó que las emisiones de gas que se lanzan al aire son similares a las de un calefactor, a la vez que sostuvo que las universidades locales forman ingenieros y especialistas que podrían ocupar puestos de empleo en la planta. "Es mentira que no existe mano de obra calificada", aseguró.

También se refirió a los 40 mil litros de agua que nacen de un surgente ubicado en inmediaciones al estuario de Cerri.

"Si tanto les preocupa la utilización de ese recurso, porque no hacen algo. El líquido sale a 60 grados y va directamente hacia la ria", afirmó.

Cintia Sambueza, bióloga de la ONG Tellus, afirmó que los métodos que se utilizarán en la generación de energía son obsoletos y con recursos no renovables.

"Los informes no tienen una visión integral del estuario, se impactará el humedal costero, a la vez que no existen estudios previos del cauce del Saladillo de García, donde se volcarán los efluentes", manifestó.

A su turno, Sergio Salva, docente del departamento de Biología de la UNS, criticó la falta de estudios sobre el mismo cauce y Walter Fhun, de la asamblea ambientalista Buenos Aires Sur, criticó el impacto que generarán las obras complementarias a la termoeléctrica, porque --advirtió-- se construirán gasoductos, torres de alta tensión y poliductos.

"Además existe la posibilidad de que en torno a la central se genere un microclima", dijo.

Otro ecologista, Pablo Bustos, criticó el carácter no vinculante de la audiencia.

Al finalizar la audiencia, dos especialistas de la firma, el hidrogeólogo Rubén Torrente y el doctor en ciencias de la atmósfera Nicolás Macedo, respondieron algunos de los interrogantes, aunque en distintos pasajes fueron interrumpidos en señal de disconformidad.

Apostillas para destacar

* Representantes ambientalistas interrumpieron en diferentes ocasiones al coordinador ejecutivo de Fiscalización Ambiental del OPDS, doctor Carlos Alberto Olivera. "Expídase sobre el dragado, llevamos 6 meses esperando", le advirtieron.

* El mayor aplauso de la jornada fue para Mónica Dambolini, madre de Juan Cruz Manfredini, operario de la empresa Camin Cargo Control fallecido en un accidente laboral. Entre lágrimas, la mujer solicitó a la firma AES bregar por la seguridad laboral en caso de que el proyecto se concrete.

* Diversas banderas realizadas por los ambientalistas fueron colgadas en las instalaciones de la avenida Colón 80. Además repartieron folletos con información sobre el dragado y la termoeléctrica a varios transeúntes.