Desde que se anunció la convocatoria a Silva y hasta que el ministro efectivamente estuvo sentado frente a los diputados respondiendo sus requisitorias, pasaron muchas cosas en la Cámara baja provincial que recalentaron la interna en el interbloque peronista y que quedó en evidencia en la sesión de ayer.

Se sabe que luego de la reunión con el bloque del Frente Cívico y Social, el ministro Silva y su cúpula de Seguridad fueron llamados “de urgencia” a la Legislatura para reunirse con los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria (comisión conformada por los presidentes de las distintas bancadas y encargada de definir los temas a tratar en la sesión). Según señalaron los protagonistas del encuentro, el motivo de la reunión fue posponer la interpelación a Silva teniendo en cuenta la cercanía temporal del hecho y para evitar cualquier tipo de conflicto con los familiares de las víctimas. También se sabe que de este acuerdo no todos los integrantes del interbloque tenían conocimiento. Hecho que provocó el malestar de algunos diputados justicialistas, principalmente del Frente para la Victoria.

Durante la sesión, el encargado de traer el tema al recinto fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Miguel Figueroa Vicario, quien destacó “la inconveniencia” de traer al ministro al recinto por los motivos antes señalados, aunque dejó de manifiesto las responsabilidades de la Justicia y del Ministerio de Gobierno en este aberrante hecho. La convocatoria a Silva iba a quedar para otra sesión, si no fuera por el planteo del diputado kirchnerista Oscar Brizuela quien se mostró en desacuerdo de los dichos de Figueroa Vicario en que esto no sea tratado. “Acá hay responsables políticos y uno de ellos es el ministro de Gobierno”, indicó el diputado a lo que remató: “tiene que venir a dar la cara de lo que pasó. Es un papelón legislativo el no pedir al ministro que dé las explicaciones del caso”.

El que se sumó a los dichos de Brizuela fue el diputado Hugo Argerich y rápidamente pidió la presencia de Silva en el recinto, moción que luego fue aprobada por unanimidad.

Ante el malestar de los diputados justicialistas, el presidente de la Cámara, Jorge Moreno, hizo la salvedad de que las gestiones ante el ministro se hicieron, pero por lo manifestado anteriormente el funcionario había solicitado pasar la convocatoria para otra fecha a acordar.

La polémica de los proyectos devueltos

Previo al debate por la presencia de Silva, el Cuerpo en su conjunto decidió reenviar los proyectos con media sanción de Diputados, que fueran devueltos por el Senado al considerar que ya existen proyectos de la misma materia aprobados. El diputado Roberto Perrota cuestionó al Senado al afirmar que no existe normativa que permita “devolver proyectos, sino rechazarlos o tratarlos”. En ese sentido, catalogó el accionar de la Cámara alta como “un papelón legislativo”. Pero finalmente se decidió dialogar con el Senado para llegar a un acuerdo y evitar más polémicas.

Sugestivamente,

apareció González

Apenas 72 horas después que los concejales de San José, Santa María, ratificaran ante la Comisión de Asuntos Constitucionales el contenido de una cámara oculta en la que se hace referencia a su persona como parte de una supuesta maniobra extorsiva, el fiscal de Santa María, Marcelo González, citó para hoy a Leonardo Brizuela, ex secretario de Hacienda de la comuna en el marco de una causa por la aparente falta de rendición de fondos del tesoro comunal.

Según adelantó Brizuela a este diario, se presentará ante el magistrado a pesar de lo sugestivo que resulta que active una causa de la que no tenía novedades desde hace más de un año. Brizuela y los ediles Claudio Quinteros y Patricia Casas se reunieron con los diputados de Asuntos Constitucionales el pasado lunes y reafirmaron el contenido del video que analiza esa comisión, en la que un ex funcionario allegado al intendente interino, Pedro Lagoria les propondría un arreglo económico a cambio de sus renuncias para permitir que quede confirmado el desplazamiento de la jefa comunal, Mónica Hernández. En esa cámara oculta, esta persona -que sería de apellido Ramoa- afirmaría que cuenta con el aval del ministro de Gobierno, Javier Silva y amedrentaría a los ediles que si no accedían al pedido iban a ser perseguidos por el fiscal González. Ante los diputados, el ex funcionario y los concejales recordaron que dos días después de aquella oferta fueron detenidos por una cuestión administrativa del municipio. Ahora, nuevamente fueron citados por el cuestionado fiscal, sobre quien pesa un pedido de destitución realizado por la intendente Hernández.