La minería, dicen, fue la excusa. La necesidad de protagonismo o de marcar posición en el partido es el verdadero trasfondo de una pelea con ribetes novelescos entre los intendentes del PJ. En la semana se dijeron de todo. Que Mendoza iba a mendigar si no se abrían puertas a la minería o que se prefería una muerte pobre antes que rica y contaminada fueron los corolarios que cerraron la discusión entre uno y otro bando. Por encima, deberá pararse Francisco Pérez, dicen los allegados al Gobernador y reconoce él mismo pero el desafío no será fácil.

Aunque la minería fue el detonante de una interna cantada, el mandatario deberá utilizar todas las herramientas a su alcance para calmar la tropa y evitar heridos. La estrategia será comandada por Carlos Ciurca desde la Legislatura, terreno elegido por los intendentes para jugarse a todo o nada por su causa. La creación de una empresa provincial de minería, la ampliación de las reservas naturales y la elección de la matriz productiva por departamento, son las cartas que se jugarán los anti y los pro de la minería.

El ingreso de una serie de proyectos y su posterior tratamiento será lo que deberá evaluar el Vicegobernador en consenso con Pérez. Ignacio Ortigala, jefe del bloque de Senadores del justicialismo, es quien defenderá los derechos de los caciques mineros, entre ellos Rubén Miranda (Las Heras), Alejandro Abraham (Guaymallén) y Jorge Omar Giménez (San Martín). El legislador es soldado de Abraham y el autor del proyecto para crear una empresa provincial de minería.

En realidad, la interna peronista provocó el desdoblamiento del proyecto original por medio del cual se creaba una empresa provincial de energía que controlaría el petróleo y los minerales. Para no entorpecer su aprobación (tanto por la presión de los ambientalistas como la de los caciques por la participación en las regalías), el Ejecutivo ordenó quitarle el título de minera. Así se hizo. Sin embargo, Ortigala presentó el proyecto autónomo para crear una empresa que regule la minería y que distribuya las regalías entre los departamentos que tienen la actividad, aunque este último punto no está firme.

Si bien el legislador intentará avanzar, hay quienes aseguran que el proyecto "va a caerse" por el ruido social que puede generar una entidad de esa envergadura. ¿Qué harán en el Senado? Si el proyecto cae, la empresa provincial de energía incluirá el control de "minerales energéticos". La lista ya la está barajando el PJ en la Cámara alta.

En respuesta a Ortigala, las comisiones de Ambiente de las dos cámaras han recibido una decena de proyectos para declarar reserva natural a distintos territorios de la provincia. La extensión del área protegida del Manzano Histórico a más de 300 mil hectáreas fue lo que destapó la interna peronista y fijó las distintas posiciones de los intendentes en torno a la minería.

La repentina aprobación del proyecto de ley del Manzano en Diputados sorprendió incluso al Gobernador, quien el día del tratamiento estaba firmando el acuerdo con el resto de los gobernadores para la creación de la Organización Federal de Estados Productores de Minerales. La rebelión en la Legislatura y la fuerte presencia ambientalista (motorizada por el tunuyanino Martín Aveiro y el sancarlino demócrata Jorge Difonso) desencadenó una serie de reproches a los legisladores por parte del mandatario.

En paralelo, el malestar de Miranda y Abraham se iba haciendo visible aunque siempre en silencio. Las declaraciones del tupungatino Joaquín Rodríguez, que repudió la minería, desataron la lengua del lasherino, quien salió con los tapones de punta a pedir definiciones sobre el tema incluso a Pérez. Sin embargo, los ambientalistas van por más.

La extensión del Manzano llevó a presentar un proyecto que a los intendentes mineros les hace ruido y no ven con buenos ojos. Concretamente, un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Cuyo elaboraron un documento para declarar reserva natural a las Minas de Paramillos, en Uspallata. Según explicaron los legisladores que integran la comisión de Ambiente en el Senado, "la idea es declarar reserva a unas 4 mil o 5 mil hectáreas e incorporar 20 kilómetros más". La zona que quiere ser declarada reserva, limita con Villavicencio, en Las Heras.

Según estimaron los senadores, "la situación es preocupante porque no podemos declarar todo el territorio reserva natural ya que traería grandes conflictos económicos". No obstante, el intendente Abraham salió a advertir la presencia de estos proyectos y pidió "racionalidad" a quienes están impulsando estos emprendidmientos. Los caciques mineros apuntan a los anti por "favorecer los intereses de las empresas de agua mineral".

El último proyecto es el que parece tener mejor recepción en el Ejecutivo y entre los intendentes justicialistas, y es el que reconoce "las autonomías municipales", es decir que sea cada municipio el que defina si dará lugar a la minería o no. El autor es el intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles quien, pese a ser el único que brega por la explotación minera en su departamento desde hace años, se ha mostrado conciliador y fuera del combate entre partidarios.

El proyecto, que ingresará próximamente a la Legislatura, prevé la zonificación y tendría el visto bueno de Pérez. De aprobarse, cada departamento elegirá junto a su gente el perfil productivo que tendrá. "Estamos trabajando los fundamentos del proyecto con especialistas en minería, geología y constitucionalistas", explicó el intendente, que responde a Celso Jaque y ya presentó la idea a Pérez cuando éste era ministro de Infraestructura. "Lo voy a consensuar con el Gobernador pero es un proyecto que terminaría con estos enfrentamientos", agregó. Mientras Miranda apoyó la idea, el intendente de Guaymallén quiere más: "Sería un primer paso pero luego debe haber una definición provincial".