Daniel Scioli y Gabriel Mariotto hoy volverán a verse las caras durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Desde ambas partes acordaron un reparto equitativo de los palcos y hay acuerdo para que no vuelvan a repetirse los bochornosos incidentes que se registraron en diciembre pasado, cuando algunos revoltosos militantes kirchneristas de La Cámpora se enfrentaron con la Policía bonaerense.

Se espera que hoy el mandatario provincial haga una fuerte defensa de su política de seguridad, que está en las antípodas de lo que propone la administración K. Pero las diferencias, en realidad, son mucho más profundas y abarcan a distintas áreas. Existe una guerra de intereses, con dos bandos bien delimitados: el sciolismo, que apunta a convertirse en la alternativa del peronismo para las presidenciales de 2015, teniendo en cuenta que Cristina Kirchner tiene vedada por la Constitución -al menos por ahora- cualquier posibilidad de presentarse a una nueva reelección; mientras que los kirchneristas encabezados por Mariotto (su inclusión en la fórmula por una imposición de la Rosada) actúan como comisarios políticos de la Presidenta.

En ese contexto, según pudo saber Hoy, los kirchneristas estarían buscando hacerse del control de importantes cajas de la administración provincial. Una de ellas es el Astillero Río Santiago, que tiene unos 2.500 empleados y un presupuesto asignado por ley, para este año, de 565 millones de pesos, pero que también genera ingresos, por reparaciones y algunas construcciones de buques, que llevan que esa caja supere ampliamente los $ 1.000 millones. Es decir, el equivalente el presupuesto de la Municipalidad de La Plata. Por ello, desde el kirchnerismo intentarían reflotar un viejo proyecto para que el Astillero vuelva a la órbita del Estado nacional.

Desde los años ‘90, los talleres navales de Ensenada, que gracias a la provincialización no fueron incluidos en las privatizaciones realizadas por el menemismo (con el apoyo manifiesto del entonces gobernador de Santa cruz, Néstor Kirchner), dependen del Estado bonaerense y el gobernador tiene la facultad de designar al presidente de la empresa.

Cuando Néstor Kirchner vivía y era presidente, también se estableció un convenio entre Nación y Provincia para la transferencia de la empresa Ferrobaires, que actualmente depende del Estado provincial. Pero nunca pudo concretarse. Difícilmente, en momentos en que salieron a la luz los desastres de la política ferroviaria kirchnerista que la semana pasada se cobró la vida de 51 personas, ahora se pueda cristalizar una iniciativa de este tipo.

El sciolismo no está dispuesto a aceptar, mansamente, la transferencia de cualquiera de los entes descentralizados que administra a la órbita nacional. Sin ir más lejos, en las últimos días, y aprovechando el evidente debilitamiento de la administración kirchnerista como consecuencia del siniestro ocurrido en Once, el mandatario provincial dio señales de no aceptar imposiciones. Así fue como, a la exigencia de introducir cambios en la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que motorizaba el propio Mariotto, respondió removiendo al subsecretario, Fernando Cano, pero ubicando en ese lugar a un sciolista puro, Gustavo Jack Nahmías, que responde al jefe de Gabinete, Alberto Pérez. En otras palabras, dejó al kirchnerismo con las manos vacías. Además, confirmó en el cargo de secretaria a Sara Derotier de Cobacho, que había recibido duras críticas de operadores políticos ultra K, especialmente de Horacio Verbitsky.

Eso no fue todo, ya que en medio de la conmoción política tras el siniestro en Once, Scioli también ordenó desplazar a La Cámpora del manejo del Consejo de la Juventud, que hasta diciembre de 2011 administró Santiago Carreras, que asumió como senador provincial y ahora trabaja codo a codo con Mariotto. El lugar de Carreras fue ocupado por Carlos “Café” Rodríguez, un dirigente de Carlos Casares que trabajó con Martín Ferré en la cartera de Producción.

Otras cajas en la mira del kirchnerismo

Los ultra K también tendrían entre ceja y ceja otras cajas de la administración bonaerense, que son mucho más abultadas que el Astillero. Una de ella es el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que este año tendrá un presupuesto asignado de $ 6.139.493.000. La obra social es administrada por un presidente que designa el gobernador, y un directorio donde están sentados funcionarios provinciales y sindicalistas.

El kirchnerismo, además, buscaría morder en el negocio del juego. El presupuesto del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia asciende este año a $ 14.306.582.250, teniendo a su cargo el control de las máquinas tragamonedas, de facturación millonaria.

El kirchnerismo, desde que llegó a la casa Rosada, intenta que Cristóbal López, propietario del casino flotante de Puerto Madero y de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo, pueda desembarcar en municipios de alto poder adquisitivo de la Provincia, como San Isidro o Vicente López. Ahora, desde las sombras, estarían motorizando una nueva movida, que podría instrumentarse a través del traslado de alguna sala, ubicada en otro distrito. Por ejemplo, distintos trascendidos dan cuenta que López, a través de terceros y en una operación que nunca fue blanqueada, se habría hecho del Bingo de Los Polvorines, con el objetivo de que sea el puntapié inicial para una posible expansión a otras zonas más rentables. La movida es seguida de cerca por las máximas autoridades de la Iglesia católica que, desde hace tiempo, vienen alertando por las graves consecuencias del negocio del juego. En su momento, distintos obispos le manifestaron su inquietud al sobre el tema al propio Scioli que, a diferencia del kirchnerismo, siempre mantuvo una fluida y estrecha relación con el poder eclesiástico.