Unos 1500 agentes de las Fuerzas Armadas del Perú controlaban la provincia de La Convención, en el departamento del Cusco, para ubicar a un grupo de trabajadores secuestrados presuntamente por miembros del grupo armado Sendero Luminoso, según un comunicado del Ministerio de Defensa. La policía ya detuvo decenas de vehículos en busca de sospechosos. El comandante general policial, Raúl Salazar, coordinaba la intervención de 20 patrullas que se están infiltrando en la zona, informó el diario El Comercio.

Sin embargo, la alcaldesa de La Convención, Fedia Castro, señaló que no vio a muchos agentes en la jurisdicción, declarada en estado de emergencia por 60 días, y pidió instalar una base policial-militar en la localidad de Kepashiato, en el distrito de Echarate. “Estuve durante un día y una noche en la zona, pero no vi ningún efectivo policial”, dijo al diario La República.

Los familiares de los secuestrados expresaron su desesperación por la lentitud de supuestas negociaciones de rescate. “La gente está desentendida. Están más preocupados por los mineros (que fueron rescatados de un socavón en el departamento de Ica) y no por las familias de los secuestrados por Sendero”, dijo Giovanna Apaza, esposa de uno de los rehenes, en la radio RPP.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no confirma el número de rehenes, trabajadores de las empresas Skanska y Construcciones Modulares, contratistas del proyecto gasífero Camisea, que fueron retenidos el lunes en la madrugada. Versiones de las empresas y de autoridades locales señalaron que la cifra de fluctuaba entre 36 y 43.

Los investigadores señalan que los secuestradores senderistas están dirigidos por Martín Quispe Palomino, “camarada Gabriel”, hermano del cabecilla de una columna de la agrupación, Víctor Quispe Palomino, “José”.

La Convención es una zona colindante con el valle de los ríos Apurímac y Ene, donde actúa la columna senderista dirigida por “José”, activa y fuerte, que desde 1999 se mueve de forma independiente, reniega de la ideología original de Sendero y del encarcelado fundador del grupo, Abimael Guzmán –a quien llama “genocida”–, y adopta principios políticos pragmáticos ligados a su participación en el narcotráfico.

Según las investigaciones de la Comisión de la Verdad, Sendero es responsable de al menos un 54% de las casi 70 mil muertes que dejó la violencia política sufrida por el Perú entre 1980 y 2000.

El comunicado oficial del Ministerio de Defensa también señaló que su titular, Alberto Otárola, se trasladará a la zona para supervisar la búsqueda de rehenes y guerrilleros.<