Los intendentes tienen su observatorio privado contra la inseguridad

Los intendentes tienen su observatorio privado contra la inseguridad
La puesta en marcha del Observatorio de Seguridad Ciudadana comenzó a agilizarse en el último mes, después de que Carlos Stornelli dejó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
La partida del funcionario le abrió camino al plan que los intendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) querían implementar desde febrero para avanzar sobre el área de seguridad provincial. Ese mes se firmó un acuerdo entre la FAM y el Gobierno bonaerense para crear un observatorio que trabajará en el análisis de datos vinculados con la inseguridad, a través del cual se trazarán diagnósticos para elaborar medidas tendientes a bajar los índices delictivos. Lo curioso del caso es que la iniciativa, impulsada por el titular de la FAM e intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, será comandado por ex funcionarios de la Provincia y hombres que en el Ministerio de Justicia y Seguridad, ni siquiera conocen. Y todo esto a pesar de que desde esa cartera le facilitarán información.

Sucede que ante la falta de profesionales y técnicos en materia de seguridad, la FAM contrató una consultora liderada por el ex policía Julio César Frutos y por Carlos Alberto Beraldi, ex secretario de Seguridad de León Arslanián y actual socio del estudio de abogados del ex ministro. Estos dos hombres comandarán un grupo de cincuenta personas –cuyos nombres nadie conoce– que tendrá acceso a información oficial.

“La FAM es quien terceriza, nosotros no tenemos nada que ver”, justificaron desde la cartera de Justicia y Seguridad, e intentaron explicar que “no manejarán información del Ministerio”. Pero el propio Frutos le dijo a PERFIL: “Sin dudas vamos a trabajar en la consultora con datos de esta cartera. Los insumos de información los va a aportar esta área”.

Cuando Juan Pablo Cafiero se hizo cargo del Ministerio de Seguridad en 2003, designó a Frutos como secretario general de la Policía. Pocos meses después, una investigación iniciada sobre el patrimonio de 138 jefes policiales lo puso en la mira de la Justicia, ya que Frutos se convirtió en uno de los sospechados de haberse enriquecido ilegalmente. En aquel momento, él mismo pidió su remoción y fue separado de la fuerza. En 2009 la causa fue archivada, ya que tras cuatro pericias contables el fiscal no logró acreditar el delito.

En tanto, después de que en su edición del 15 de mayo PERFIL adelantara la incorporación de una consultora al área de seguridad, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sostuvo “son pavadas que se escriben”.

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